BCRA endurece el control sobre billeteras virtuales

Un esquema regulatorio repartido entre BCRA, CNV y UIF

En Argentina, la actividad fintech vinculada a pagos y servicios financieros digitales opera bajo un modelo multiagencia. El BCRA supervisa a los Proveedores de Servicios de Pago y a las billeteras virtuales, la Comisión Nacional de Valores regula a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y el régimen de crowdfunding, y la Unidad de Información Financiera impone obligaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según el estudio de Lexar sobre regulación fintech en el país.

Para los PSPCP, es decir, los Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen Cuentas de Pago y operan billeteras virtuales, el esquema exige registro ante el BCRA, la existencia de un banco patrocinante y el cumplimiento de requisitos de información y seguridad. También deben implementar políticas de KYC y prevención de lavado de activos, asegurar continuidad operativa e inscribirse en el Registro de Billeteras Digitales Interoperables si ofrecen pagos con código QR.

Obligaciones de cumplimiento que alcanzan a la seguridad

El mismo marco ubica a las empresas fintech que operan como PSP o PSPCP como sujetos obligados bajo la Ley 25.246. Eso las obliga a sostener un programa de prevención de lavado de activos con identificación de clientes, matriz de riesgo, oficial de cumplimiento, reporte de operaciones sospechosas y conservación de registros por diez años.

A eso se suman informes de autoevaluación y revisiones externas independientes en los plazos que fija la UIF. En la práctica, el cumplimiento no queda limitado a procesos financieros o legales, sino que impacta también en los procedimientos internos de seguridad y control de acceso a la información.

Profesionales que trabajan con PSP en Argentina señalan además que estas empresas enfrentan obligaciones concretas frente al BCRA, la UIF y la autoridad de datos personales, identificada en el material como ARCA, con impacto directo en sus procesos de seguridad y cumplimiento. La referencia apunta a un entorno regulatorio donde la supervisión ya no se limita a la operatoria de pagos, sino que abarca continuidad operativa, resguardo documental y trazabilidad de clientes y operaciones.