México endurece biometría y antilavado bancario

La SHCP y la CNBV publicaron en el Diario Oficial de la Federación nuevas disposiciones que obligan al sistema bancario mexicano a adaptar sus procesos de verificación de clientes mediante tecnología biométrica en un plazo máximo de 90 días hábiles desde su entrada en vigor. El esquema amplía la verificación con biometría facial como mecanismo complementario a la huella dactilar y fija un umbral mínimo de coincidencia de 90% contra bases oficiales del INE, la SRE u otras autoridades federales autorizadas.

Cambios en la verificación bancaria

Las reglas también permiten que las instituciones creen bases de datos biométricas propias, pero bajo obligaciones estrictas de protección. Entre ellas figuran la prohibición de comercializar esos datos con terceros y la realización de auditorías periódicas de ciberseguridad, con controles que incluyen cifrado, segregación de infraestructura, controles de acceso y borrado seguro.

El movimiento regulatorio llega en un contexto en el que la CNBV ha endurecido su postura frente a fallas de cumplimiento. De acuerdo con un recuento basado en información pública del regulador, el ecosistema fintech en México acumula sanciones económicas por infracciones a la Ley Fintech por cerca de 50 millones de pesos, y además tres empresas adicionales fueron sancionadas por incumplimientos similares.

Presión sobre bancos y fintech

En paralelo, el banco Bansí registra al menos dos amonestaciones y quince multas publicadas entre 2018 y 2026 por la CNBV, principalmente por fallas en prevención de lavado de dinero, fallas regulatorias y deficiencias en controles internos, por un monto total de 7,257,400 pesos, según un análisis de resoluciones sancionatorias consultadas en registros públicos de la Comisión.

La tensión regulatoria también alcanza a las instituciones de tecnología financiera. Sus obligaciones de prevención de lavado de dinero y conocimiento del cliente derivan del artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, complementado por las disposiciones de carácter general en materia de PLD y FT emitidas por la CNBV para ese sector. Además, cuando una ITF contrata a un proveedor externo para gestionar imágenes de identificación oficial o datos biométricos de sus usuarios, debe obtener autorización previa de la CNBV o de Banxico antes de integrarlo en sus procesos.

Reforma antilavado con calendario escalonado

La actualización del marco regulatorio antilavado impulsada por Hacienda y supervisada por la CNBV prevé entrada en vigor general el 30 de noviembre de 2026, aunque no todas las disposiciones operarán desde esa fecha. Distintos análisis técnicos señalan que las obligaciones clave, como el manual integral de políticas internas PLD basado en metodología de riesgos, la clasificación de riesgo del cliente y beneficiario controlador, los nuevos procedimientos de selección de personal y los mecanismos automatizados de monitoreo de operaciones, arrancan entre el 1 de marzo de 2027 y el 1 de junio de 2027, con algunas cargas extendidas hasta 2028 y 2029.

Baker McKenzie y KPMG coinciden en que el nuevo esquema formaliza la clasificación de clientes por nivel de riesgo, la definición y monitoreo del perfil transaccional esperado y la actualización de la información registrada bajo reglas anteriores dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor. KPMG además ubica al 1 de marzo de 2027 la exigibilidad plena de componentes críticos como el Manual de Políticas Internas y la Metodología de Riesgos.

La SHCP, por su parte, comunicó que la reforma tendrá una implementación gradual desde noviembre de 2026 para facilitar la adopción de los nuevos requisitos en sectores de alto riesgo como casinos, inmobiliarias y comercio de arte y joyería.

Más presión de supervisión

La escalada regulatoria se suma a otras señales de endurecimiento en el sistema financiero mexicano. La Suprema Corte validó la facultad de la Condusef para imponer sanciones a bancos y entidades financieras por malas prácticas de cobranza, incluyendo incumplimientos de registro y reportes de despachos de cobranza.

En el frente corporativo, la CNBV revocó la licencia de Casa de Bolsa Vector por irregularidades vinculadas con controles antilavado, mientras que CiBanco fue vendido a Grupo Multiva. Ambas medidas fueron descritas como parte de la respuesta de los supervisores financieros mexicanos frente a deficiencias en cumplimiento de prevención de lavado de dinero.

La presión regulatoria también se refleja en el plano internacional. Un análisis reciente vincula el endurecimiento de criterios sancionatorios de la CNBV con la designación de CIBanco, Intercam y Vector como instituciones de preocupación primaria en lavado por FinCEN en junio de 2025, mientras otra columna especializada señala que la respuesta estadounidense se apoyó por primera vez en la sección 2313a introducida por la FEND Off Fentanyl Act, lo que derivó en la salida de esas tres entidades del mercado y elevó la sensibilidad supervisora en México.