Argentina impulsa nueva ley de datos y Ley Ema avanza

Argentina reactivó su discusión regulatoria con un nuevo proyecto de ley de protección de datos presentado el 16 de julio de 2026 por el diputado Agustín Rossi, y con la Ley Ema, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y pasó al Senado. Ambos textos apuntan a ámbitos distintos, pero muestran una agenda común sobre tratamiento de datos, violencia digital y usos de la tecnología.

¿Qué cambia en el proyecto nacional de datos?

El proyecto amplía el alcance territorial de la norma a responsables y encargados del tratamiento radicados en el extranjero cuando traten datos personales en Argentina, ofrezcan bienes o servicios a personas ubicadas en el país, o realicen perfilamiento, seguimiento o control de actos, comportamientos o intereses de personas en Argentina. Marval, O’Farrell & Mairal señaló además que el texto está en trámite legislativo, aunque no detalló expediente, cámara de origen ni comisión.

La presentación fue hecha nuevamente por Agustín Rossi después de que la iniciativa original perdiera estado parlamentario. Según el estudio jurídico, el nuevo proyecto también alcanza actividades que queden bajo el derecho argentino por el derecho internacional o por acuerdos contractuales. En paralelo, una columna de La Nación sostuvo que la reforma incorpora por primera vez de forma sistemática títulos específicos sobre delitos informáticos.

¿Qué delitos informáticos incorpora la reforma?

La columna de La Nación menciona capítulos dedicados a phishing, daño a sistemas o datos informáticos mediante ransomware, fraude por alteración del funcionamiento de un sistema, acceso no autorizado a sistemas restringidos y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como pornovenganza. El texto periodístico no identifica el número de ley ni el estado formal del trámite parlamentario.

La misma nota agrega que el proyecto prevé un régimen de compliance para compañías. Según esa mirada, las empresas que acrediten controles internos serios para prevenir delitos recibirían un tratamiento diferenciado respecto de aquellas diseñadas directamente para cometerlos.

¿Qué pasó con la Ley Ema en Buenos Aires?

La Ley Ema obtuvo media sanción el jueves 28 de agosto de 2026 en la Cámara de Diputados bonaerense y fue girada al Senado para seguir su tratamiento. La iniciativa busca prevenir y abordar de forma integral la violencia digital en ámbitos educativos de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con LU9 Mar del Plata, La Posta Noticias y La Provincia en Vivo, el proyecto crea un programa provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. También incorpora un inciso z bis a la ley 13.688 de Educación Provincial para incluir formación sobre uso responsable de tecnologías, consentimiento, privacidad, derechos digitales y uso ético y crítico de la inteligencia artificial.

La propuesta además prevé actualizar guías escolares y protocolos de actuación para casos de hostigamiento en plataformas virtuales. Otro punto central es la capacitación obligatoria y continua en prevención de violencias digitales para todo el personal del sistema educativo.

¿Qué lectura dejan estas iniciativas?

Las dos discusiones muestran un intento por ordenar, desde frentes distintos, problemas que ya están instalados en la agenda pública. En el plano nacional, el foco está en datos personales, extraterritorialidad y delitos informáticos. En el provincial, la respuesta apunta a escuelas, formación y protocolos frente a violencia digital.

En ese mismo mapa normativo, Polifonía indicó que, al menos hasta su publicación, Argentina todavía no contaba con una ley aprobada por el Congreso en materia de regulación de IA, con respaldo en el Dossier Legislativo 2025 de la Biblioteca del Congreso de la Nación. En paralelo, El Cohete a la Luna mencionó críticamente un paquete más amplio que incluiría un RIGI ampliado, una reforma de datos, regulaciones sobre lobby y disposiciones sobre sociedades automatizadas y DAOs, aunque sin aportar el texto legislativo ni el número de proyectos a los que alude.