Argentina impulsa mayoría digital y control de edad

Actualización 6 de septiembre de 2026: el proyecto incorporó obligaciones más específicas para las plataformas, entre ellas consentimiento parental trazable para menores de 15 años, privacidad máxima por defecto y restricciones a la geolocalización, la publicidad y los algoritmos que prolongan el uso. También prevé que lo recaudado por multas se destine a educación y ciudadanía digital y que el Ejecutivo reglamente los mecanismos técnicos en 90 días.

La diputada nacional Carolina Basualdo presentó un proyecto de ley para establecer la mayoría digital en Argentina a partir de los 15 años, con giro a las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados. La iniciativa plantea que los menores de 15 años solo puedan crear o mantener perfiles en redes sociales con consentimiento previo, libre e informado de quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o guarda.

¿Qué exige a las redes sociales?

El texto obliga a las empresas proveedoras de redes sociales a implementar sistemas de verificación de edad que protejan los datos personales de los usuarios. Además, incorpora una definición de red social tomada en la cobertura legislativa: una plataforma que permita crear perfil, generar o compartir contenidos e interactuar, sustentada en sistemas de recomendación de contenidos.

Economía Sustentable agregó que el proyecto traslada explícitamente parte de la responsabilidad de la seguridad digital desde las familias hacia las empresas proveedoras de redes sociales, que pasan a ser sujetos centrales de la regulación y ya no simples intermediarios tecnológicos. Según ese análisis, las plataformas deberán usar sistemas de verificación de edad confiables que superen la mera autodeclaración, junto con mecanismos de consentimiento parental trazable.

La misma cobertura detalló que la propuesta exige configuración de máxima privacidad por defecto para menores. También ordena desactivar por defecto la geolocalización, el perfilado para publicidad y los algoritmos orientados a prolongar el tiempo de conexión, además de canales de atención y denuncia gestionados por personas humanas con resguardo estricto de datos personales en línea con la Ley 25.326.

¿Qué sanciones prevé?

El proyecto contempla multas por incumplimiento para las plataformas que van desde 100 a 100.000 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, según la propuesta difundida por Tiempo de San Juan. También habilita la posibilidad de suspensión total o parcial de la plataforma, en caso de que no se cumplan las obligaciones previstas.

Economía Sustentable añadió que las sanciones económicas se complementan con apercibimientos y que lo recaudado por multas se destinaría a programas nacionales de educación y ciudadanía digital. El medio también indicó que, si la ley se aprueba, el Poder Ejecutivo tendría 90 días para reglamentar los mecanismos técnicos de implementación de la verificación de edad y el resto de las obligaciones para las redes sociales.

La cobertura de Parlamentario añadió que la iniciativa busca replicar el sistema francés y que el ingreso de menores a redes sociales quedaría planteado como una corresponsabilidad de familias, Estado y empresas proveedoras. Ese mismo enfoque ubica el debate en torno a la edad de acceso, el tratamiento de datos y el rol de las plataformas en la verificación.

¿Cómo se enlaza con otras iniciativas sobre menores?

En paralelo, otra iniciativa impulsada en Argentina apunta a reforzar la protección de imágenes de niños y adolescentes frente a los riesgos de las redes sociales. Ese proyecto incorpora opciones técnicas como el pixelado de rostros, la distorsión de voces u otros mecanismos que impidan la identificación cuando las imágenes se difundan públicamente.

La propuesta busca que instituciones educativas y otros actores que difundan contenido audiovisual incorporen mecanismos obligatorios para resguardar la identidad de estudiantes cuando las imágenes se hagan públicas. En la cobertura bonaerense sobre la Ley Ema, Diario Hoy agregó que el texto obliga a visibilizar la Línea 102 en las comunicaciones vinculadas y prevé revocación inmediata del consentimiento para la difusión de imágenes, además de pixelado o distorsión de voces.

La Provincia en Vivo informó que la Ley Ema obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que incorpora contenidos de consentimiento, privacidad, derechos digitales y uso ético de la inteligencia artificial en la currícula, además de capacitación obligatoria para el personal educativo.

¿Qué clima acompaña la discusión?

Un estudio del CIS de UADE citado por ITSitio mostró que 86% de los argentinos consultados está a favor de regular las redes sociales y que 87% apoya mecanismos de verificación de edad, un contexto de opinión pública favorable para iniciativas como el proyecto de mayoría digital. En paralelo, Derechos Digitales señaló que una organización que participó de una mesa cerrada sobre el proyecto bonaerense envió observaciones en julio de 2026 y advirtió que ampliar excepciones al consentimiento y reducir el control externo sobre quienes procesan datos, en particular el Estado, implicaría un retroceso frente a estándares de derechos humanos.

La cobertura política de Letra P también confirmó que la iniciativa de reforma de datos personales impulsada por el Ejecutivo genera críticas y que actores del debate consideran que debe retirarse o modificarse integralmente antes de llegar al Congreso.