Uruguay debate límites a redes y datos personales

La Cámara de Diputados de Uruguay estudia un proyecto de ley para prohibir la creación y el mantenimiento de cuentas personales en redes sociales a menores de 15 años y obligar a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios. La iniciativa, impulsada por el diputado colorado Felipe Schipani, se suma a una consulta nacional abierta por la propia Cámara y convive con otros frentes regulatorios en discusión, como el juego online y la inteligencia artificial en salud mental.

¿Qué propone el proyecto sobre redes sociales?

El texto fija en 15 años la edad mínima para crear y conservar cuentas personales en redes sociales y traslada a las plataformas la responsabilidad de impedir el acceso de quienes no cumplan ese requisito. Según Montevideo Portal, la definición de servicio de red social es amplia e incluye plataformas que permiten crear perfiles, publicar contenidos, interactuar y recibir recomendaciones algorítmicas.

La misma cobertura indica que quedan excluidos servicios educativos y de salud, mensajería privada, bibliotecas digitales, repositorios científicos y plataformas diseñadas para niños sin publicidad comportamental. El Megáfono agregó que, en la discusión, se mencionan mecanismos de verificación vinculados al documento de identidad, fotografías y sistemas biométricos.

¿Qué exigencias añade a las plataformas?

Según Montevideo Portal, las empresas deberán aplicar mecanismos de verificación de edad razonables, proporcionados, eficaces y auditables. El proyecto aclara que no alcanzará con fijar una edad mínima en los términos de uso ni con aceptar simples declaraciones no verificadas.

Además, las plataformas tendrían que publicar informes semestrales con datos sobre cuentas suspendidas, tasas de error y denuncias recibidas. La propuesta apunta a que el cumplimiento pueda ser revisado con mayor transparencia y que la carga de control no recaiga únicamente en las familias o en los usuarios.

¿Qué sanciones prevé el Parlamento uruguayo?

El proyecto que estudia el Parlamento prevé multas de hasta 20.000 unidades reajustables y, en casos graves y reiterados, la posibilidad de suspensión temporal de la plataforma por orden judicial, según La República. Esa redacción ubica el foco regulatorio en los prestadores, no solo en el comportamiento individual de los menores.

La cobertura también señala que el tratamiento legislativo sigue abierto y forma parte de una discusión más amplia sobre el uso de redes sociales por niños y adolescentes. Subrayado informó que la Cámara de Diputados inició una consulta en todo el país para legislar sobre ese uso.

¿Qué otros proyectos digitales están en discusión?

En paralelo, la Cámara Uruguaya de Operadores y Arrendadores de Servicios de Casinos y Salas de Esparcimiento presentó ante el Poder Ejecutivo un proyecto integral para regular los juegos de azar en línea y reforzar las herramientas contra las plataformas ilegales. SoloAzar informó que la propuesta exige autorización estatal, limita la explotación a prestadores habilitados y refuerza el rol fiscalizador del Estado.

Esa iniciativa incluye el bloqueo de plataformas no autorizadas, la creación de un dominio exclusivo .bet.uy para identificar operadores legales y un Registro Nacional de Usuarios para aumentar la trazabilidad del mercado regulado. También incorpora el concepto de juego responsable como eje del esquema.

¿Qué pasa con datos personales e IA en salud mental?

Un monitoreo internacional reciente indicó que, en los últimos 180 días previos a agosto de 2026, no se confirmaron desarrollos legislativos específicos de protección de datos personales en Uruguay más allá del marco vigente de la Ley 18.331 y normas asociadas. GDPRI también precisó que la URCDP opera asociada con AGESIC como organismo supervisor descentralizado.

En materia de inteligencia artificial y salud mental, la discusión más concreta apareció a nivel departamental. El Telégrafo de Paysandú informó que ediles presentaron la propuesta "Protección comunitaria ante los riesgos de la Inteligencia Artificial en salud mental", con protocolos de actuación, involucramiento de equipos de salud mental, coordinación con servicios de emergencia, sensibilización comunitaria y evaluación constante de los impactos en la conducta suicida. Según sus autores, no había en el Parlamento uruguayo un proyecto de ley ni una discusión parlamentaria específica sobre esos efectos.