Senado chileno posterga ley de datos personales

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado de Chile aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre la postergación de la Ley N.° 21.719 de protección de datos personales y sobre cambios a la futura Agencia de Protección de Datos Personales. La iniciativa del Ejecutivo propone aplazar la entrada en vigencia hasta el 1 de diciembre de 2027 y el debate sigue en primer trámite constitucional, por lo que todavía no tiene fuerza de ley.

¿Qué aprobó la comisión del Senado chileno?

La comisión aprobó en general dos iniciativas que apuntan a modificar la entrada en vigencia de la Ley N.° 21.719, una propuesta por el Ejecutivo, correspondiente al Boletín N.° 18.623-07, y otra moción parlamentaria, identificada como Boletín N.° 18.060-07. Tras esa votación, el Ejecutivo se comprometió a dar urgencia inmediata al proyecto para continuar su discusión en particular.

¿Qué cambios se discuten para la futura agencia?

El proyecto también contempla cambios en la estructura de la futura Agencia de Protección de Datos Personales. Entre ellos, propone aumentar de tres a cinco los integrantes de su Consejo Directivo, designados por el Presidente con acuerdo de dos tercios del Senado, y renovar parcialmente ese consejo cada dos años.

Durante la discusión legislativa también se planteó una alternativa distinta a la postergación total. Ese diseño consideraba mantener vigentes los derechos y obligaciones sustantivas en diciembre de 2026 y diferir por un año las facultades fiscalizadoras y sancionadoras de la Agencia.

¿Qué impacto buscan dar a los plazos de adecuación?

La iniciativa busca dar más tiempo a empresas y organismos públicos para adecuarse al nuevo marco de protección de datos. Según las guías de cumplimiento citadas, mientras el proyecto no complete su tramitación legislativa, las organizaciones no deberían asumir que el plazo de adecuación ya se extendió hasta 2027.

Ese punto es relevante porque el aplazamiento propuesto aún no está vigente. La postergación a diciembre de 2027 sigue en discusión parlamentaria y, por ahora, no modifica por sí sola las obligaciones que dependen de la entrada en vigencia de la ley.