Chile fija para 2026 la Ley 21.719

La Ley chilena N.º 21.719, que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, tiene prevista su entrada en vigencia para el 1 de diciembre de 2026. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile también informó que la norma incorpora obligaciones de notificación de brechas y un régimen sancionatorio que contempla multas de hasta 20.000 UTM.

¿Qué cambia con la nueva ley?

La Ley N.º 21.719 crea la Agencia de Protección de Datos Personales y fija reglas específicas para el tratamiento de datos personales en Chile. De acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional, la norma además establece obligaciones de notificación de brechas, lo que obliga a las organizaciones a revisar sus procedimientos internos antes de la fecha de entrada en vigencia.

¿Qué multas prevé?

La ley establece un régimen de infracciones leves, graves y gravísimas, con multas que pueden llegar hasta 5.000, 10.000 y 20.000 UTM, respectivamente. Según la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, el monto final depende de la gravedad de la infracción y de las condiciones previstas por la propia ley.

¿Qué tan preparadas están las empresas?

Un artículo de G5 Noticias atribuye a un estudio de Deloitte y la Cámara de Comercio de Santiago que el 52% de las empresas consultadas presenta un bajo nivel de preparación frente a la nueva regulación. El mismo texto afirma, sin confirmación oficial independiente en el material entregado, que el 84% no estaría preparado para reportar incidentes a la futura agencia ni tendría una política de privacidad vigente, y que el 62% aún no habría capacitado a sus trabajadores.

¿Qué tareas anticipa el sector privado?

Una guía empresarial de Sinfopac señala como tareas preparatorias el inventario de datos, la revisión de finalidades y bases de legitimidad, el control de accesos, la evaluación de medidas técnicas y organizativas de seguridad y la definición de plazos de conservación. Esos pasos aparecen como parte del trabajo previo que las empresas deberían completar antes de que la ley comience a regir.