Perú delega facultades por 90 días en seguridad

Perú oficializó la Ley N.° 32743, que delega al Poder Ejecutivo facultades para legislar durante 90 días calendario en materias de seguridad ciudadana y prevención, atención y respuesta frente al fenómeno El Niño. La norma incluye cambios en delitos vinculados con ciberdelincuencia, acceso ilícito a sistemas y datos, fraude informático y suplantación de identidad.

¿Qué habilita la ley en materia digital?

La ley autoriza al Ejecutivo a actualizar delitos y agravantes relacionados con ciberdelincuencia, además de definir requisitos técnicos para la interoperabilidad y la seguridad de las plataformas públicas. También abre la puerta a regular credenciales digitales y firmas electrónicas.

En el sector privado, la delegación permite establecer requisitos de seguridad y de gestión de incidentes proporcionales al riesgo. El texto oficial aclara que estas medidas no habilitan un acceso estatal indiscriminado a datos o comunicaciones, según la publicación de El Peruano.

¿Cómo avanzó la delegación en el Congreso?

El Senado aprobó el dictamen de la Proposición Legislativa 0013-2026-2031-S, remitida por la Cámara de Diputados, para delegar facultades al Ejecutivo en seguridad ciudadana y en la respuesta frente al fenómeno El Niño. La decisión quedó registrada el 21 de octubre de 2026.

Antes de esa votación, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado había aprobado por unanimidad el dictamen de la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S, con siete votos a favor. Esa comisión estaba presidida por el senador Carlos Mesía Ramírez.

¿Desde cuándo rigen las facultades?

La Ley N.° 32743 fue oficializada y, según La República, sus facultades se extienden por 90 días desde la entrada en vigor. Andina también confirmó la publicación de la norma en El Peruano y el alcance sobre requisitos técnicos de interoperabilidad y seguridad para plataformas públicas.

Perú Informa señaló que el Ejecutivo podría comenzar a legislar desde el 23 de octubre mediante decretos legislativos, pero ese punto queda sujeto a la fecha exacta de entrada en vigor publicada en la ley, por lo que debe tomarse con cautela hasta contrastarlo con el texto oficial.