Mendoza y Río Negro avanzan con proyectos de IA

En Mendoza y Río Negro avanzan proyectos vinculados con ciberseguridad, datos personales e inteligencia artificial en el sector público provincial. En Mendoza se debate una ley de ciberseguridad y una iniciativa contra el ciberdelito enfocada en la protección de datos; en Río Negro ingresó un proyecto para regular el uso responsable de la IA en el Estado.

¿Qué se debate en Mendoza?

En Mendoza se discuten dos proyectos provinciales en paralelo: una Ley de Ciberseguridad impulsada por el Poder Ejecutivo, con intervención de la ministra de Seguridad Mercedes Rus, según informó Los Andes, y una iniciativa presentada por legisladores de Fuerza Patria sobre protección de datos personales en el sector público provincial y municipal.

El texto fue presentado en la Legislatura de Mendoza por los diputados Lucas Ilardo y Lidia Quintana, junto con el senador Félix González, en una conferencia de prensa. La propuesta establece que cada organismo estatal deberá designar, en un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia, a un profesional responsable de la protección de datos.

Además, ante una vulneración, filtración o hackeo de datos en organismos estatales, el Estado deberá informar el incidente en un plazo máximo de 72 horas y notificar de inmediato a los ciudadanos afectados. El proyecto también prevé que el 50% de las multas por incumplimientos en materia de protección de datos se destine a un Fondo de Reparación para financiar asistencia jurídica gratuita y programas de educación digital para la ciudadanía.

¿Qué regula el proyecto de Río Negro?

En la Legislatura de Río Negro ingresó un proyecto de ley para establecer un Marco Regulatorio para el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en el Sector Público Provincial.

La iniciativa, impulsada por la legisladora Martina Lacour y acompañada por Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich, clasifica los sistemas de IA según niveles de riesgo, mínimo, limitado, alto e inaceptable.

Para los sistemas de alto riesgo, el proyecto prevé una Evaluación de Impacto Algorítmico previa y auditorías técnicas independientes cada dos años. También prohíbe expresamente la puntuación social, la vigilancia masiva indiscriminada, el reconocimiento facial mediante extracción masiva de fotos de redes sociales y las decisiones sancionatorias basadas sólo en análisis predictivos.

La propuesta contempla además la creación de un Registro Provincial de Sistemas de Inteligencia Artificial, de acceso público y gratuito, para saber qué organismos usan IA, con qué finalidad, qué datos procesan y qué grado de supervisión humana tienen. Los sistemas ya en funcionamiento en el sector público tendrán 180 días para registrarse y hasta 365 días para adecuarse a las nuevas exigencias de impacto y seguridad, una vez aprobada la ley.