Mendoza avanza con dos leyes de ciberseguridad

El proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el Poder Ejecutivo de Mendoza sigue en debate en las comisiones del Senado provincial. Allí se analiza su alcance, sus detalles técnicos y los mecanismos que propone para proteger sistemas informáticos públicos y privados, establecer protocolos ante ciberataques y definir responsabilidades de organismos públicos y empresas privadas.

Qué propone el texto del Ejecutivo

La iniciativa fue presentada por el gobernador Alfredo Cornejo en la Legislatura y plantea la creación de un Sistema Provincial de Ciberseguridad. Ese esquema busca coordinar políticas de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a incidentes que afecten infraestructuras digitales o información crítica. Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial incluso la señalan como una posible primera ley de este tipo en el país.

Diario Judicial detalló que el proyecto no se limita a un marco institucional general. También incorpora un régimen de gobierno de datos que abarca todo el ciclo de vida de la información, desde la creación y el almacenamiento hasta el intercambio y la eliminación segura. Para los organismos alcanzados, eso implica obligaciones específicas de trazabilidad, seguridad y conservación.

El mismo análisis agrega que el alcance del texto oficial incluye al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de terceros que provean servicios tecnológicos, infraestructura, conectividad, software o custodia de información al Estado. La cobertura también se extiende a prestadores de servicios críticos esenciales, con una lógica que supera a la administración pública estricta.

Autoridad operativa y sanciones

Según Diario Judicial, el proyecto prevé la creación de una autoridad de ejecución operativa distinta del comité ejecutivo. Ese organismo sería el encargado de implementar las medidas técnicas del plan provincial. Además, el texto contempla un régimen sancionatorio escalonado para los organismos que incumplan estándares obligatorios, omitan reportar incidentes u obstaculicen auditorías. Las sanciones van desde advertencias hasta restricciones de interconexión e inicio de actuaciones administrativas o contractuales.

Clarín informó que funcionarios mendocinos reconocen que el Estado provincial recibe ciberataques de forma diaria y que el objetivo de la iniciativa es blindar a la administración frente a ese volumen de ataques. En esa misma línea, el Gobierno provincial comunicó en redes sociales que se trata de la primera Ley de Ciberseguridad del país y remarcó que el foco está puesto en la protección de infraestructuras críticas y de los datos administrados por el sector público.

El Litoral también vinculó el ataque a la web del Senado con la discusión legislativa y describió que la iniciativa busca fortalecer las infraestructuras tecnológicas provinciales y establecer mecanismos de respuesta ante incidentes.

La propuesta de Fuerza Patria

Mientras el proyecto oficial se debate en comisiones, legisladores provinciales de Fuerza Patria presentaron una iniciativa paralela contra el ciberdelito, enfocada en la protección de datos personales de los ciudadanos y aplicable exclusivamente al sector público provincial y municipal.

Ese texto establece que cada organismo estatal provincial y municipal deberá designar, en un plazo máximo de 180 días desde la eventual sanción, a un profesional responsable de la protección de datos. También incorpora el principio de privacidad desde el diseño en nuevos sistemas o plataformas estatales.

Además, dispone que ante una vulneración, filtración o hackeo en organismos estatales, el Estado deberá informar el incidente en un plazo máximo de 72 horas y notificar de inmediato a los ciudadanos cuyos datos hayan sido comprometidos. Mendoza Today agregó que la propuesta refuerza la obligación de reparación del daño por parte del Estado frente a filtraciones o hackeos, y reconoce el derecho del ciudadano a conocer con precisión qué información posee el Estado sobre su persona.

Ese mismo medio indicó que un 50% de las multas por violaciones a la normativa de datos personales se destinaría a un Fondo de Reparación, orientado a financiar asistencia jurídica gratuita y programas de educación digital ciudadana.

El ataque a la web del Senado

La discusión legislativa quedó atravesada por el ataque informático a la web del Senado provincial ocurrido después del ingreso del proyecto del Ejecutivo. La prensa local informó que fuentes del Ministerio de Seguridad no descartan que el incidente haya estado relacionado con la presentación de la iniciativa, aunque esa relación se maneja como una conjetura y no como una confirmación oficial.

Identidad Correntina y Diario San Rafael coincidieron en señalar que el hackeo se produjo tras la presentación de la ley contra ciberataques. En el caso de la web del Senado, también se difundió que el sitio fue alterado con un mensaje contra Argentina y una imagen de Chiqui Tapia, en un episodio que reforzó la urgencia política del debate en la Legislatura mendocina.