Mendoza avanza con su ley de ciberseguridad

Tratamiento legislativo

El proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo ya comenzó a ser analizado en la Legislatura de Mendoza y continuará en comisión en las próximas semanas, según indicó el senador Walther Colini. La iniciativa apunta a crear el Sistema Provincial de Ciberseguridad para coordinar políticas de prevención, detección, respuesta y recuperación frente a incidentes que afecten infraestructuras digitales o información crítica del Estado.

Alcance del proyecto

De acuerdo con lo informado por MNews, el alcance principal de la norma está puesto en los sistemas y datos del sector público provincial. El texto busca reforzar la bioseguridad y la ciberseguridad en áreas sensibles como salud, educación, seguridad y Justicia, sin enfocarse en delitos informáticos contra particulares, como las estafas virtuales.

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, explicó además que la propuesta contempla la creación de un Comité Ejecutivo con representación técnica y de ministerios que manejan datos sensibles. También prevé un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad.

Hackers éticos y marco regulatorio

Otro de los ejes del proyecto es la regulación de la actividad de los llamados White Hat o hackers éticos. Según la información publicada por Diario San Rafael, la iniciativa establece un marco normativo para especialistas que vulneran sistemas con el objetivo de detectar fallas de seguridad.

Mendoza Today señaló que el proyecto avanza en el Senado provincial y que la provincia busca convertirse en la primera del país con un marco normativo integral para resguardar infraestructura tecnológica, servicios esenciales y datos de la ciudadanía.

Contexto nacional

En paralelo, el debate provincial se da en un escenario de mayor presión sobre las reglas de seguridad digital en Argentina. Radio Santa Fe informó que el Decreto 0769 de 2026 fija nuevas responsabilidades para prevenir la violencia digital y exige a proveedores de plataformas, aplicaciones, videojuegos, sistemas de inteligencia artificial y otros servicios digitales identificar y gestionar riesgos, adoptar medidas de protección de datos, ofrecer mecanismos de quejas e informar semestralmente al Ministerio TIC.

A su vez, Infobae reportó que la Resolución 725/2026 del Boletín Oficial argentino modificó protocolos policiales frente a delitos informáticos y estableció restricciones específicas cuando intervienen menores, incluyendo la suspensión de la actividad salvo supuestos excepcionales.