Bolivia suma reglas para activos virtuales

Actualización 20 de septiembre de 2026: Bolivia sumó el Decreto Supremo N.º 5384, que reconoce soluciones basadas en blockchain, activos tokenizados y activos virtuales, y pone bajo supervisión de la ASFI a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Además, la UIF precisó cómo deben verificar su condición de sujetos obligados los profesionales alcanzados por la Resolución Administrativa N.º 075-2026.

Bolivia comprometió ante el Fondo Monetario Internacional un marco regulatorio y de supervisión robusto para criptomonedas y activos virtuales, con el objetivo de reducir riesgos de salidas ilícitas de capital y reforzar la resiliencia financiera. El nuevo esquema se suma ahora al Decreto Supremo N.º 5384, que reconoce expresamente esas tecnologías y establece que los PSAV deben constituirse y obtener autorización bajo supervisión de la ASFI.

¿Qué pidió Bolivia en el acuerdo con el FMI?

Bolivia aceptó desarrollar un marco robusto para regular y supervisar activos virtuales, según documentos vinculados al FMI y reportes de medios especializados. El compromiso aparece en un memorándum de política económica y financiera remitido al organismo, aunque todavía no se precisó si ese esquema saldrá por ley, decreto supremo o normativa administrativa.

La formulación difundida por crypto.news y Odaily apunta a un objetivo concreto, evitar que el uso de criptoactivos facilite salidas de capital por fuera de los canales tradicionales. Sin embargo, los materiales revisados no establecen ni un cronograma de implementación ni la autoridad que quedará formalmente a cargo.

Coberturas posteriores también ubican ese compromiso dentro de un programa ampliado de 36 meses bajo una facilidad de fondos extendidos por 13,69 millones de derechos especiales de giro, equivalente a aproximadamente 1,9 mil millones de dólares, pendiente aún de aprobación por el Congreso boliviano y por el Directorio Ejecutivo del FMI.

¿Qué cambia con el Decreto Supremo N.º 5384?

El Decreto Supremo N.º 5384 reconoce de forma expresa soluciones basadas en blockchain, activos tokenizados, activos virtuales y la figura de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, o PSAV. La norma dispone que esas empresas deben constituirse y obtener autorización de funcionamiento conforme al régimen correspondiente, bajo supervisión de la ASFI.

Según el desarrollo normativo citado por Carlos Maiz, la definición de PSAV es amplia. Incluye el intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias, el intercambio entre distintos activos virtuales, las transferencias, la custodia y ciertos servicios financieros vinculados a la oferta o venta de activos virtuales.

Ese alcance deja a plataformas y operadores tecnológicos dentro de un perímetro regulatorio mucho más claro que el que existía cuando el Gobierno solo hablaba de un marco futuro. También encaja con las coberturas internacionales que describen el giro boliviano como una reversión explícita de la prohibición general previa sobre criptomonedas.

¿Qué rol tendría ASFI en ese esquema?

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, fue mencionada por un viceministro de la cartera económica boliviana como un actor central para la supervisión financiera dentro del acuerdo con el FMI. Morales dijo que la entidad "jugará un rol fundamental" en tareas de evaluación y seguimiento del sistema financiero.

Ese señalamiento refuerza la idea de que la arquitectura de control no quedaría concentrada en una sola oficina política, sino que se apoyaría en los reguladores financieros ya existentes. La supervisión de los PSAV bajo el Decreto Supremo N.º 5384 confirma además que la ASFI ya tiene un anclaje operativo en la materia.

En septiembre de 2026, la propia ASFI también ordenó a entidades de intermediación financiera que realizaron cobros excesivos en la venta de dólares devolver en 15 días hábiles administrativos la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. La medida incluyó la obligación de contactar proactivamente a los clientes afectados y habilitó un reclamo en segunda instancia ante la propia ASFI.

¿Cómo se está moviendo el mercado cripto en Bolivia?

Distintos relevamientos describen un sistema financiero cada vez más expuesto al uso de activos digitales, en particular para pagos transfronterizos y remesas. Un análisis regional indica que, tras levantarse la prohibición general de criptoactivos en 2024, en los doce meses siguientes se habrían registrado unos 14,8 mil millones de dólares en transacciones con criptoactivos, impulsados por la escasez de dólares y la necesidad de alternativas de pago.

Ese mismo informe sostiene que, hacia abril de 2026, Banco Unión, mediante la billetera Yasta, y Banco FIE, a través de su aplicación móvil, ya ofrecían compra y venta de USDT. La operatoria estaba orientada a pagos internacionales y remesas, mientras el Ministerio de Economía evaluaba reconocer USDT como instrumento de pago que circularía junto al boliviano y el dólar, sujeto a salvaguardas contra el lavado de dinero.

En la misma línea, The Rio Times señaló que el Banco Central de Bolivia registró un crecimiento significativo en el uso de activos digitales para pagos transfronterizos desde 2024, y destacó a Banco BISA como una de las entidades más activas en ese segmento.

¿Qué cambia para la UIF y los sujetos obligados?

La Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia ya viene ampliando las obligaciones de reporte para actividades y profesiones no financieras designadas, conocidas como APNFD. La Resolución Administrativa N.º 075-2026 obliga a determinados auditores y contadores a identificar, analizar y reportar operaciones sospechosas mediante la plataforma CARONTE V2.

La Razón y un análisis jurídico de Rojas Law Firm coinciden en que el alcance no es automático para todo el sector. La obligación apunta sobre todo a quienes prestan servicios a Grandes Contribuyentes o intervienen en actividades inmobiliarias, manejo de activos, estructuración corporativa y auditorías de gran escala. Para otros profesionales, la verificación del estatus debe hacerse por NIT en el portal oficial de la UIF.

Orientaciones prácticas posteriores precisaron que abogados, contadores y otros APNFD deben verificar activamente en la página de la UIF si su NIT, o el de la sociedad profesional, figura en la "Delimitación del Universo" de sujetos obligados. Ese paso define si deben operar con CARONTE V2 y refuerza el componente tecnológico y de registro del régimen.

Ese marco ya posiciona a la UIF como un actor operativo en la supervisión financiera local, en paralelo al eventual régimen para activos virtuales que Bolivia dice que implementará dentro de las reformas acordadas con el FMI.