SFC emite Circular 007 tras el terremoto

La Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 007 del 26 de agosto de 2026 para mitigar el impacto de la situación de desastre sobre los consumidores financieros afectados. La instrucción alcanza a todas las entidades vigiladas y se enmarca en las funciones de supervisión prudencial y protección al consumidor financiero de la entidad.

¿Qué exige la Circular Externa 007?

La circular obliga a los establecimientos de crédito a publicar de forma visible y clara en sus páginas web, oficinas físicas y aplicaciones móviles los requisitos, vigencias, alcances y efectos de los programas transitorios de alivio. También fija límites para la refinanciación de créditos afectados, ya que el nuevo plazo de la deuda no puede superar el doble del plazo pendiente original ni exceder los 20 años, según El Colombiano.

Además, como parte de la respuesta operativa al desastre, las entidades financieras deben habilitar líneas y puntos de atención exclusivos para quejas y reclamos de los afectados, preferiblemente de manera presencial en las zonas impactadas. La Superintendencia también reforzó la atención expedita mediante la Carta Circular 54 de 2026, al recordar a las entidades vigiladas la obligación de aplicar el procedimiento de Quejas Exprés.

¿Cómo se articula con la nueva agenda de supervisión?

El paquete regulatorio coincide con la llegada de Pablo Andrés Rivas Herazo a la Superintendencia Financiera, posesionado el 26 de agosto de 2026 por el ministro de Hacienda y Crédito Público. La entidad señaló que su agenda de supervisión incluye la gestión de riesgos emergentes, la ciberresiliencia, los riesgos climáticos y la evaluación de nuevas tecnologías para el sistema financiero colombiano.

El relevo institucional también quedó formalizado mediante el Decreto 1292 de 2026, que aceptó la renuncia de César Attilio Ferrari Quine y designó a Rivas Herazo en el cargo. En paralelo, la Superintendencia publicó el Abecé del seguro, Terremoto 2026, como guía para la ciudadanía sobre pólizas y trámite de reclamaciones.

¿Qué pasa en el ecosistema financiero digital?

El debate regulatorio en Colombia también quedó marcado por la presión sobre fintech y por la inversión de la banca en ciberseguridad. En la 60ª Convención Bancaria de Asobancaria se informó que la inversión del sector en transformación digital, innovación y ciberseguridad creció 9 por ciento, al pasar de 3,3 billones de pesos en 2024 a 3,6 billones en 2025, con foco en plataformas tecnológicas y servicios tercerizados especializados.

En ese mismo encuentro, Indra Group presentó una estrategia basada en inteligencia artificial para anticipar y gestionar fraude financiero y reforzar la seguridad de la infraestructura de pagos. La compañía también advirtió sobre el aumento del fraude digital en la banca colombiana y propuso un modelo 360 grados que cruce información de seguridad y fraude para detectar conexiones entre eventos que, por separado, podrían pasar inadvertidas.

Fuera del perímetro de la Superintendencia Financiera, especialistas citados en un análisis sobre normativas financieras señalaron que la Circular 001 de 2025 de la Superintendencia de Industria y Comercio reforzó las reglas de protección de datos personales para el sector fintech. Según ese análisis, las empresas deben obtener consentimientos separados según el uso previsto de los datos, proteger con mayor rigor la información biométrica y explicar al usuario cualquier decisión automatizada.

Ese mismo material sostuvo que las fintech vigiladas por la Superintendencia Financiera están sujetas al Estatuto del Consumidor Financiero, mientras que las no vigiladas se rigen por el Estatuto del Consumidor general bajo supervisión de la SIC, lo que deja dos regímenes de protección en el ecosistema digital. Analistas del sector, citados en otro especial republicado, agregaron que persisten vacíos en la capacidad de auditar sistemas de IA que procesan datos personales y en la supervisión efectiva de decisiones automatizadas.

En el contexto de la emergencia por el terremoto, la SIC también prohibió prácticas de incremento injustificado de precios y publicidad engañosa que capitalice la situación. Esa decisión impacta de manera indirecta a proveedores de servicios financieros y fintech que ofrezcan productos asociados a la atención de la crisis.