Perú alista estrategia y facultades digitales

Perú avanza en la culminación de su Estrategia Nacional de Ciberseguridad y, en paralelo, el Gobierno pidió al Congreso facultades legislativas por 120 días para dictar medidas de transformación y seguridad digital mediante decretos legislativos. En la información oficial difundida no aparece un proyecto de ley autónomo de ciberseguridad o de protección de datos personales en trámite parlamentario asociado a esa estrategia.

¿Qué informó la PCM sobre ciberseguridad?

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM dijo que el país está culminando la elaboración de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad y que trabaja en un marco de gobernanza digital. Esa línea fue presentada como parte del rol de la PCM bajo el Decreto Legislativo 1412, que ordena la gobernanza digital en el Estado.

La misma fuente oficial no señaló un proyecto de ley específico de ciberseguridad en el Congreso vinculado a esa estrategia. El foco público quedó puesto en la construcción del marco de gobernanza y en la coordinación institucional, más que en una nueva ley primaria.

¿Qué pidió el Ejecutivo al Congreso?

El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para solicitar delegación de facultades legislativas al Congreso por 120 días calendario. La propuesta contempla ocho materias y 66 pedidos en total, entre ellos simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital.

La Presidencia del Consejo de Ministros explicó que el paquete incluye medidas de transformación y seguridad digital en el sector público y privado, además de la digitalización de actividades y servicios del Estado. En el texto público difundido no se detalla una nueva ley de ciberseguridad ni de protección de datos personales, sino la habilitación para que el Ejecutivo legisle vía decretos legislativos.

¿Qué medidas digitales aparecen en el pedido?

El pedido remitido al Congreso menciona credenciales digitales y firmas electrónicas como parte de la modernización del Estado. También se enmarca en el objetivo de fortalecer la transformación digital y la seguridad digital, tanto en ámbitos públicos como privados.

Andina indicó además que el paquete de facultades busca fortalecer la modernización estatal y que esa agenda es coherente con la responsabilidad de la PCM sobre la gobernanza digital. En esa documentación pública, sin embargo, no se identifica un nuevo marco legal autónomo sobre ciberseguridad o datos personales.

¿Cómo encajan la ley 29733 y la regulación vigente?

El material disponible apunta a que la respuesta estatal se mueve sobre marcos ya vigentes, como la Ley N.º 29733 y su reglamento, más que sobre una ley nueva de ciberseguridad. La referencia a ese andamiaje regulatorio aparece como parte del contexto en que el Ejecutivo impulsa medidas por vía de delegación de facultades.

Ese enfoque también se ve en la cobertura sobre fugas de datos de tarjetas peruanas en la dark web, donde se menciona que empresas israelíes de ciberseguridad ofrecen soluciones al mercado peruano. Esa nota sitúa al país en un escenario de aumento del fraude y de exposición de datos personales, con cooperación técnica y regulación secundaria como vías de respuesta.

¿Qué actividad política hubo en agosto?

En agosto de 2026, el senador Carlos Caballero se reunió con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Según la comunicación del Congreso, allí se le presentó la situación actual, las perspectivas y los retos de la transformación digital del Estado para los próximos años.

La visita sugiere coordinación política sobre el despliegue de la gobernanza y la seguridad digital. En esa instancia tampoco se informó sobre nuevos proyectos de ley específicos de ciberseguridad o protección de datos personales.

¿Qué vínculo aparece con Israel?

La Agencia Andina reportó que Perú e Israel buscan profundizar su cooperación en ciberseguridad, y Gestión sumó que ese vínculo cobra relevancia en medio de la oferta de empresas israelíes para atender el mercado peruano. Ese contexto refuerza la lectura de que el país está articulando respuestas mediante cooperación técnica, avances regulatorios y la estrategia nacional en elaboración.