SBS de Perú refuerza datos

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú y el Ministerio Público firmaron el 27 de agosto de 2026 un convenio de cooperación interinstitucional para fortalecer las investigaciones por lavado de activos, financiamiento del terrorismo, extorsión, fraude informático y otras formas de criminalidad organizada. El acuerdo amplía el acceso fiscal a información financiera y suma servicios de consulta de la Central de Riesgos Web, del Módulo de Consultas Previsionales Web y datos vinculados al Sistema Privado de Pensiones.

¿Qué habilita el convenio entre la SBS y el Ministerio Público?

El acuerdo permite que el Ministerio Público acceda a más información financiera y previsional de la SBS para sus investigaciones, con foco explícito en fraude informático y otros delitos financieros. Además, prevé programas de capacitación conjunta para personal de ambas instituciones en materias financieras, bancarias, de seguros, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, extinción de dominio y ciberdelincuencia.

Esa combinación de intercambio de datos y formación apunta a reforzar la capacidad de respuesta frente a investigaciones complejas, donde el cruce de información financiera suele ser clave. En el anuncio oficial, el alcance no quedó limitado a una sola línea de delito, sino que abarca una agenda más amplia de criminalidad organizada.

¿Qué cambios normativos acompañan esta línea de trabajo?

La SBS también viene ajustando reglas que elevan las exigencias de seguridad, continuidad operativa y protección de la información para entidades supervisadas. Una propuesta normativa presentada por el regulador plantea que bancos, financieras y billeteras digitales puedan actuar como canales para el pago de aportes a las AFP, siempre que cumplan las disposiciones vigentes sobre gestión del riesgo operacional, continuidad operativa, seguridad de la información y ciberseguridad.

En la misma línea, la regulación de la SBS sobre entidades supervisadas establece requisitos de autenticación para servicios digitales orientados a prevenir fraude en el sector financiero. El análisis jurídico citado sobre el marco peruano señala, además, que aunque el país todavía no cuenta con una Ley General de Ciberseguridad, sí dispone de normas de confianza digital, protección de datos personales, delitos informáticos y regulaciones sectoriales que imponen obligaciones de seguridad de la información.

¿Qué pasó con los límites de efectivo y las operaciones básicas?

La Resolución SBS N.° 02116-2026, vigente desde el 27 de agosto de 2026, ajustó los límites de efectivo y las condiciones de operación para establecimientos financieros y empresas emisoras de dinero electrónico. La norma fija un límite diario de efectivo por persona de hasta 6 UIT para retiros y depósitos asociados a operaciones de crédito, de hasta 2 UIT para otras operaciones, y un tope estándar de efectivo en caja de hasta 10 UIT para establecimientos de operaciones básicas.

Cuando una entidad quiera superar ese límite estándar, puede llevar el efectivo en caja hasta 30 UIT, pero debe implementar controles acordes con el mayor nivel de riesgo y remitir a la SBS un informe detallado. Ese reporte tiene que identificar riesgos del cambio, controles implementados, ubicación geográfica de los establecimientos y la justificación para ampliar el límite.

La propia normativa exige medidas de custodia, manejo y traslado de efectivo, seguridad física, videovigilancia, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y continuidad operativa. HazloDigital y LP Derecho coinciden en que el esquema obliga a reforzar controles internos cuando aumenta la exposición operativa.

¿Qué incorpora la reforma para nuevas financieras y aseguradoras?

Según una nota periodística de Infobae Perú, la SBS habría oficializado en agosto de 2026 una reforma integral del reglamento que regula la autorización de nuevas empresas financieras y de seguros. Esa misma publicación indica que, por primera vez, estas entidades podrían acceder temporalmente a un Reporte Crediticio Consolidado anonimizado durante la tramitación de su autorización, con medidas de seguridad y obligación de borrar la información si el permiso no se otorga.

La nota también señala que el nuevo reglamento se organiza en tres modalidades de autorización según el tipo y el perfil de riesgo de cada empresa. Además, describe plazos máximos de evaluación que incluirían hasta 120 días para organización y 180 días para funcionamiento en solicitudes estándar, junto con una etapa de precalificación obligatoria de hasta 15 días.