Paraguay acelera dos normas sobre cámaras

La Cámara de Diputados de Paraguay incluyó para el 11 de agosto de 2026 el proyecto de ley que regula la utilización de videocámaras por las fuerzas públicas con participación ciudadana. El texto, según ABC Color, prevé que las cámaras que den a la calle o a espacios públicos requieran autorización policial y que su instalación deba ser comunicada a la Policía Nacional.

Proyecto sobre videocámaras

ABC Color informó que la iniciativa fue ubicada como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de ese martes. Además, el proyecto tenía dictamen a favor de la aceptación del rechazo del Senado, y el plazo de tratamiento vencía el martes 18 de agosto de 2026. Si no se trataba antes de esa fecha, quedaría archivado.

La Cámara de Diputados también dejó un registro institucional del tema. Un video de la Comisión de Seguridad Ciudadana, fechado el 5 de agosto de 2026, muestra que el proyecto estaba bajo discusión en comisión días antes de la sesión, lo que confirma su estado activo en el trámite legislativo.

Ley de datos personales y posible postergación

En paralelo, la cobertura local de TEDIC señaló que Paraguay cuenta desde noviembre de 2025 con una Ley de Protección de Datos Personales, pero que su aplicación recién está prevista para finales de 2027. La misma cobertura indicó que la entrada en vigor estaba fijada para el 1 de diciembre de 2026, aunque el Gobierno evaluaba postergarla por dificultades para conformar la institucionalidad encargada de fiscalizar su cumplimiento.

TEDIC también recordó un antecedente relevante para el debate sobre vigilancia: entre 2018 y 2019, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional instalaron cámaras de reconocimiento facial en Asunción, integradas al sistema 911. Ese contexto vuelve a poner en foco la discusión sobre el alcance del uso estatal de cámaras y el encuadre normativo disponible para su tratamiento.

Con estos dos frentes en simultáneo, Paraguay llega a agosto con un proyecto legislativo que habilita y ordena el uso de videocámaras por fuerzas públicas, mientras la ley marco de protección de datos sigue a la espera de su implementación efectiva.