México avanza en ley de ciberseguridad

México avanza en paralelo en dos frentes regulatorios que todavía no tienen cierre legislativo: la futura Ley de Ciberseguridad y un marco nacional para la inteligencia artificial. Mientras la norma federal de ciberseguridad sigue en trámite, en la Ciudad de México ya se aprobó una reforma específica que sumó el artículo 231 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, impulsada por la diputada Olivia Garza de los Santos, aprobada por unanimidad el 21 de mayo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial el 22 de julio y vigente desde el día siguiente.

Ciberseguridad, fraude y obligaciones pendientes

En la discusión nacional sobre ciberseguridad, la industria mexicana reunió a distintos actores para blindar a los usuarios frente al fraude digital. Según esa mesa de trabajo, el componente de fraude y estafas debería quedar expresamente incorporado en la futura Ley de Ciberseguridad, y se acordó elaborar un conjunto de principios para la legislación en lo digital a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La intención, de acuerdo con esa cobertura, es articular las agendas de ciberseguridad y antifraude.

Un análisis económico vinculado al T-MEC apunta que la regulación que viene probablemente incluya obligaciones para operadores de infraestructura crítica, mecanismos de notificación obligatoria de incidentes, estándares mínimos de protección y esquemas de coordinación entre autoridades y sector privado. El mismo enfoque sostiene que esas exigencias estarían alineadas con compromisos del tratado comercial.

OneSec MX añadió que la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esa futura ley se espera para la segunda mitad de 2026, aunque todavía no existe constancia oficial de promulgación. En paralelo, el Senado mexicano discute iniciativas sectoriales, como el fortalecimiento de la ciberseguridad en la expedición de pasaportes, mientras la ley integral sigue sin aprobarse.

La discusión sobre inteligencia artificial

El frente de inteligencia artificial también sigue abierto. Cobertura de medios nacionales señala que la administración federal, encabezada por Claudia Sheinbaum, trabaja en una propuesta con énfasis en protección de datos personales de menores, transparencia institucional en el uso de IA, combate a deepfakes, prevención de sesgos y discriminación algorítmica y resguardo de derechos de autor.

Al mismo tiempo, Sheinbaum aclaró que no existe todavía ningún proyecto legislativo redactado sobre posibles restricciones al uso de redes sociales por menores y que la estrategia del gobierno es abrir un proceso de discusión nacional sustentado en evidencia científica antes de presentar una iniciativa de ley. Esa posición encaja con otro diagnóstico publicado en medios regionales, que advierte que en México persiste la falta de una legislación específica para el uso seguro de la inteligencia artificial, con riesgos señalados en educación y administración pública.

En ese mismo eje, Ecosistema Startup reportó que los proyectos de ley de IA en discusión contemplan la posible creación de una Autoridad Nacional de IA o Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la tipificación de infracciones leves, graves y gravísimas, sanciones que irían desde multas hasta prisión en casos como deepfakes y manipulación electoral, y un Registro Nacional de Sistemas de IA de Alto Riesgo para sectores críticos como salud, educación, empleo, seguridad pública y justicia.