Guatemala, Chile y Colombia mueven sus leyes

Guatemala, entre el segundo debate y la revisión técnica

La iniciativa de ley 6347 sobre delitos cibernéticos sigue en discusión en el Congreso de Guatemala. El texto fue presentado en febrero de 2024, obtuvo dictamen favorable con modificaciones en agosto de 2025, pasó dos debates en septiembre de 2025 y, en abril de 2026, el pleno la devolvió a comisión para corregir deficiencias técnicas y revisar su contenido jurídico.

La propuesta busca reformar el Código Penal para tipificar delitos informáticos, entre ellos el ataque a la integridad de los datos, el ataque a la integridad de sistemas, el fraude informático y el uso indebido de dispositivos tecnológicos. Las penas previstas van de tres a nueve años de prisión, según la conducta.

Infobae detalló además que el artículo 275 Bis penaliza el acceso ilícito a sistemas o bases de datos informáticos con sanciones de tres a seis años de prisión. En ese mismo esquema, el ataque a la integridad de sistemas se castiga con seis a nueve años, mientras que el uso indebido de dispositivos tecnológicos contempla penas de tres a cinco años.

El Congreso encargó a las comisiones de Economía y Comercio Exterior, y de Asuntos de Seguridad Nacional, la elaboración de un dictamen conjunto para unificar criterios técnicos y jurídicos antes de volver al pleno.

Chile define reglas para deepfakes

En Chile, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general, en primer trámite constitucional, un proyecto de ley que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas, o deepfakes, de la imagen, el cuerpo o la voz de las personas generadas mediante inteligencia artificial. La votación terminó con 128 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones.

Tras esa aprobación en general, el proyecto regresa a la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación para su votación en particular. Según Diario Financiero, la norma aplica a personas naturales y jurídicas, y también a plataformas digitales de redes sociales que ofrezcan servicios en Chile.

Entre las obligaciones previstas figuran designar un representante legal con domicilio en el país, implementar un canal de denuncias y etiquetar de forma visible los contenidos generados o modificados mediante IA. El proyecto también contempla facultades sancionatorias para la futura Agencia de Protección de Datos Personales, que podría aplicar multas de entre 5.000 y 10.000 UTM a personas jurídicas y naturales que infrinjan la normativa.

DPL News agregó que el texto define y sanciona la creación o difusión de deepfakes que puedan inducir a error sobre la identidad de una persona.

Mendoza impulsa su propia ley de ciberseguridad

En la provincia de Mendoza, el Ministerio de Seguridad impulsa un proyecto de Ley de Ciberseguridad que ya comenzó su tratamiento legislativo. La iniciativa está orientada a estructurar la defensa del gobierno frente a vulneraciones por accesos no autorizados a sistemas del Estado.

El proyecto contempla la creación de un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad, la regulación de infraestructuras digitales públicas y privadas vinculadas al Estado, y la figura del white hat o hacker ético, que vulnera sistemas para detectar fallas de seguridad.

Colombia reglamenta la protección de menores

El gobierno de Colombia expidió el Decreto 0769 de 2026, que reglamenta la Ley 2489 de 2025 y fija reglas de corresponsabilidad entre plataformas digitales, colegios y familias para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.

La norma apunta a riesgos como ciberacoso, explotación y abuso sexual en línea, además de contenidos inapropiados. La cobertura de DPL News señala que el decreto también involucra obligaciones para plataformas digitales.

Una agenda regulatoria que se mueve en varios frentes

La foto regional muestra frentes distintos pero convergentes: Guatemala sigue afinando la tipificación de delitos cibernéticos, Chile avanza sobre deepfakes y obligaciones para plataformas, Mendoza discute una arquitectura propia para incidentes y acceso a sistemas estatales, y Colombia ya reglamentó deberes de corresponsabilidad para la protección de menores en línea.

La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en su ficha Ley Fácil sobre ciberseguridad de los organismos del Estado e infraestructura crítica de la información, precisa que la norma crea una institucionalidad de ciberseguridad, define principios generales y establece requisitos mínimos de prevención, contención, resolución y respuesta a incidentes para organismos públicos, además de mecanismos de coordinación con privados que operan infraestructura crítica.