Guatemala y México aceleran leyes de ciberseguridad

Guatemala: nueva arquitectura estatal

En Guatemala, el análisis de la Iniciativa 6771 elaborado por el Observatorio de Gobierno Digital identifica que el proyecto crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad y, al mismo tiempo, asigna al Ministerio de Gobernación el rol de autoridad rectora de la política nacional en la materia.

El esquema previsto también incorpora un Órgano Nacional de Ciberseguridad como instancia técnica dentro de ese ministerio. Según el documento citado por el observatorio, ese órgano tendría competencias de coordinación y ejecución de estrategias a nivel país.

La propuesta agrega un régimen sancionatorio con multas de hasta el 2% de los ingresos anuales de operadores de servicios esenciales. Además, incorpora tipos penales específicos de ciberdelitos en el Código Penal.

México: una ley federal en discusión

En México, la discusión pública gira en torno a una iniciativa identificada como Ley Federal o General de Ciberseguridad, que avanza en el Senado. El texto está estructurado en 64 artículos y apunta a ser la primera ley federal mexicana que ordene de forma integral la gobernanza de la ciberseguridad.

Un análisis técnico independiente señala que el borrador contempla la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, un registro de infraestructuras críticas y la obligación de designar un responsable de ciberseguridad en las organizaciones. También prevé un régimen sancionatorio con multas relevantes.

De acuerdo con ese mismo análisis, se espera que la publicación ocurra durante la segunda mitad de 2026. El estudio agrega que la futura ley se articularía con un marco estratégico ya vigente, porque en México ya está operativa la Política General del Plan Nacional de Ciberseguridad, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2025 por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Eso deja a la iniciativa legislativa en una relación directa con un esquema que ya tiene lineamientos oficiales en funcionamiento, con efectos de cumplimiento para empresas que operan infraestructuras críticas o servicios digitales.