Guatemala avanza con su ley de ciberseguridad

El Congreso de Guatemala incluyó en su agenda la iniciativa 6347 de ley de ciberseguridad para su primer debate, mientras continúa pendiente el análisis en la Comisión de Economía después de que el pleno la devolviera en abril de 2026 para nuevo estudio. La Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional ya emitió un dictamen favorable con modificaciones el 28 de septiembre, según la información difundida por República.

¿Qué contempla la iniciativa 6347?

La propuesta busca fortalecer la capacidad estatal para prevenir, detectar y responder a amenazas digitales. Fue presentada en febrero de 2024 y, de acuerdo con lo informado por República, también contempla la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, la Dirección Nacional de Ciberseguridad y el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala. Esa referencia ubica esas estructuras dentro del proyecto, no como organismos ya operativos.

¿Cómo sigue el trámite en el Congreso?

La agenda legislativa prevé debatir por primera vez la iniciativa 6347 mientras el Congreso prepara una mesa técnica con representantes del sector bancario y los ponentes del proyecto. Según Prensa Libre, ese espacio servirá para analizar e incorporar observaciones del sector antes de que la propuesta continúe su recorrido parlamentario.

Prensa Latina también informó que la agenda del Congreso contempló esa discusión inicial junto con otras iniciativas de ley. El estado del texto refleja un avance parcial, porque la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional ya entregó su dictamen, pero el estudio en Economía seguía sin resolución al momento de los reportes.

¿Qué dijo el Congreso sobre el contenido institucional?

El presidente del Congreso señaló que la propuesta incluye estructuras nuevas para coordinar la política de ciberseguridad, entre ellas CONCIBER, DICIBER y CRIC-GT. Ese señalamiento fue recogido por República como una descripción del proyecto, sin que implique que esas entidades estén en funcionamiento.

La combinación de la agenda parlamentaria, el dictamen favorable con cambios y la mesa técnica con el sector bancario deja a la iniciativa en una fase de ajuste antes de su siguiente paso legislativo.