Chile prorroga la ley de datos personales

Actualización 23 de septiembre de 2026: el Gobierno chileno ingresó al Senado un proyecto con suma urgencia para postergar la entrada en vigencia de la Ley 21.719 al 1 de diciembre de 2027. La propuesta además modifica la institucionalidad de la Agencia de Protección de Datos Personales, con cambios en su consejo y en la designación de su primer integrante.

El Gobierno de Chile ingresó al Senado un proyecto que busca postergar hasta el 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales. La iniciativa se tramita en las comisiones de Constitución y Hacienda, y mantiene abierto el debate sobre la instalación de la nueva institucionalidad encargada de fiscalizar la norma.

¿Qué cambia con la prórroga de la Ley 21.719?

El proyecto traslada por un año la entrada en vigor de la ley, que hoy está prevista para el 1 de diciembre de 2026, según id3a y la cobertura citada por BioBioChile. La explicación oficial apunta a la demora en la instalación de la Agencia de Protección de Datos Personales, que todavía no estaría plenamente operativa.

La Ley 21.719 fue publicada el 13 de diciembre de 2024 y dejó fijada una vigencia diferida para diciembre de 2026. Ahora, el Ejecutivo propone llevar ese plazo al 1 de diciembre de 2027, mientras el texto sigue sin votación en el Senado.

¿Qué cambios institucionales propone el Ejecutivo?

La iniciativa no se limita a mover la fecha de aplicación, también introduce ajustes a la Agencia de Protección de Datos Personales. Según BioBioChile, el proyecto plantea subir de tres a cinco los integrantes de su consejo y adelantar la designación de su primer integrante.

La Tercera informó, además, que el Gobierno conversaba con parlamentarios para que la Agencia pudiera comenzar a funcionar hacia fines de 2026, incluso si la vigencia general de la ley se corre a diciembre de 2027. La cobertura citada por Compliance Latam y Legal 500 también ubicó la propuesta dentro de un paquete de fortalecimiento de la institucionalidad de la nueva autoridad.

¿Qué impacto tendría en empresas y organismos?

La discusión afecta a todos los que tratan datos personales, desde administradores o conserjes de edificios hasta empresas transnacionales, según un análisis de The Clinic. La misma nota remarca que el alcance de la futura normativa será amplio una vez que empiece a regir.

En paralelo, el debate legislativo llega con señales de baja preparación empresarial. BiobíoChile informó que más de la mitad de las empresas encuestadas dijo no estar lista para cumplir con la ley, y la Cámara de Comercio de Santiago difundió un estudio con una conclusión similar sobre el bajo nivel de preparación.

¿Qué pasa mientras tanto con el resto de la agenda digital?

La Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley antideepfakes impulsado por la diputada Gael Yeomans, del Frente Amplio, y lo devolvió a la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para seguir su tramitación. La propuesta regula contenidos generados con inteligencia artificial y fija sanciones específicas para los deepfakes.

El texto incorpora la noción de integridad digital como un derecho que protege la imagen, el cuerpo y la voz de una persona, incluso después de su muerte. También establece obligaciones para personas naturales, empresas y plataformas de redes sociales, con reglas sobre etiquetado de contenidos generados por IA, retiro de material denunciado en un máximo de 72 horas y exigencia de un representante legal en Chile para las plataformas. La mensajería privada queda excluida.

¿Qué otros cambios quedaron en agenda?

El diputado Diego Schalper pidió formalmente al Gobierno reponer la urgencia suma al proyecto para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. La iniciativa sigue en tramitación en el Congreso Nacional de Chile.

Según el texto referido por G5Noticias, el proyecto busca imponer obligaciones a las empresas operadoras de plataformas, establecer resguardos diferenciados según edad y aplicar medidas para prevenir efectos perjudiciales asociados a diseños adictivos, algoritmos y sistemas de recomendación. Así, el Congreso mantiene abiertas al mismo tiempo varias piezas del marco regulatorio digital chileno.