Chile aprueba ley antideepfakes

La Cámara de Diputados de Chile aprobó en general el proyecto que regula contenidos generados con inteligencia artificial y sanciona específicamente los deepfakes, con 128 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa, impulsada por la diputada Gael Yeomans, vuelve ahora a la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para seguir su tramitación.

¿Qué cambia con la propuesta chilena?

La iniciativa crea el derecho a la integridad digital respecto de la imagen, el cuerpo y la voz, y obliga a las plataformas a etiquetar los contenidos generados por IA. También fija que el material denunciado debe retirarse en un máximo de 72 horas y exige que los operadores cuenten con representante legal en Chile.

El proyecto contempla multas de entre 5.000 y 10.000 UTM y prevé que la fiscalización quede en manos de la futura Agencia de Protección de Datos Personales. Según el análisis publicado por Mundo en Línea, el plazo de 72 horas se plantea como un estándar de reacción rápida frente a daños reputacionales y la exigencia de representante legal busca facilitar la aplicación de sanciones a plataformas globales.

¿A quién alcanza la regulación?

La cobertura de la norma alcanza a personas naturales, empresas y redes sociales en general, según la nota técnica de Mundo en Línea. Esa misma fuente aclara que la obligación de etiquetar contenidos creados con IA excluye expresamente la mensajería privada.

El medio chileno también detalló que el derecho de integridad digital se extiende más allá de la muerte. En ese escenario, los herederos podrían actuar si la imagen, el cuerpo o la voz de una persona fallecida fueran recreados con IA sin autorización.

¿Qué muestra el resto de la agenda regional?

Chile no es el único país de la región con iniciativas activas en materia digital. En México, el diputado Alberto Martínez Urincho presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para adicionar los artículos 6° Bis y 6° Ter a la Constitución Política Federal, con el objetivo de garantizar el derecho de las personas a vivir en un entorno digital seguro.

La propuesta mexicana busca además que el Estado garantice alfabetización digital en todos los niveles educativos, establezca responsabilidad civil, administrativa y penal para plataformas y proveedores de servicios digitales por daños al desarrollo biopsicosocial, y obligue a configurar por defecto protecciones reforzadas para menores de edad. También incorpora un mandato para que el desarrollo y uso de la IA se subordine a la dignidad humana y los valores democráticos.

En paralelo, la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara chilena aprobó por unanimidad la idea de legislar otro proyecto, integrado por cuatro mociones, orientado a proteger a niños frente a riesgos digitales y contenidos en línea, dentro del contexto de la nueva Ley de Protección de Datos.

Paraguay discute en el Senado el proyecto "De protección de la infraestructura crítica" y, al mismo tiempo, mantuvo una audiencia pública sobre una ley de ciberseguridad de 17 artículos presentada por el senador José Oviedo el 4 de diciembre de 2024. La audiencia quedó limitada por cambios de último momento en el texto que no fueron socializados.

En Ecuador, el Pleno de la Asamblea Nacional trató el informe no vinculante sobre la objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad y aprobó la moción de resolución asociada, por lo que el texto sigue en trámite. Panamá, por su parte, mantiene desde 2023 el Bill No. 14 sobre regulación de inteligencia artificial en condición de proyecto en revisión, sin que figure todavía como norma vinculante.

Paraguay también aparece en dos compendios regionales de política de IA. Uno señala que el país adoptó en 2024 una Política Nacional de Inteligencia Artificial basada en la evaluación de preparación de UNESCO y que tiene proyectos de ley sobre IA en el Congreso. Otro agrega que la ley paraguaya de protección de datos personales de 2024 se aplica al tratamiento de datos por sistemas de IA.

México, finalmente, cuenta desde diciembre de 2025 con una Política General de Ciberseguridad para la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial, que ya funciona como normativa vinculante para las dependencias federales mientras se prepara una futura Ley General de Ciberseguridad. Un informe regional la vincula con obligaciones de gestión de riesgos digitales y reporte de incidentes en línea con estándares como NIS2. También registra que Colombia, Chile y Perú están sujetos a nuevas obligaciones de ese tipo, aunque con proyectos de ley y marcos aún en tramitación.