Chile y Argentina avanzan en leyes digitales

Chile llegó a una etapa clave con la Ley N.º 21.719 de Protección de Datos Personales, publicada en diciembre de 2024 y con entrada en vigencia plena prevista para el 1 de diciembre de 2026, mientras el Gobierno negocia con parlamentarios una posible postergación hasta el 1 de diciembre de 2027. En paralelo, en varias provincias argentinas avanzan proyectos sobre ciberseguridad, violencia digital y uso ético de la inteligencia artificial, con trámite activo en Mendoza, Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe.

¿Qué pasa con la ley de datos en Chile?

La Ley N.º 21.719 fija nuevas obligaciones para las organizaciones que tratan datos personales, y el proceso político abierto en agosto de 2026 podría retrasar su aplicación plena un año más. Según ADN Radio Chile, el Gobierno evalúa con legisladores postergar la vigencia hasta el 1 de diciembre de 2027, aunque mantendría la instalación de la Agencia de Protección de Datos hacia fines de 2026.

PressLatam y OneTrust coinciden en que la norma reforma la Ley N.º 19.628, crea la Agencia de Protección de Datos Personales y obliga a las empresas a demostrar cómo tratan la información, además de preparar flujos para atender derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, oposición a decisiones automatizadas, bloqueo y portabilidad. OneTrust agrega que los avisos de privacidad y las prácticas de consentimiento deberán actualizarse para que sean expresos, inequívocos, específicos, previamente informados y libres.

También se desprende de ese análisis que las organizaciones deberán mapear flujos de datos, acreditar base legal para cada tratamiento, reforzar medidas técnicas y organizativas de seguridad, definir procedimientos de notificación de brechas y revisar a terceros que procesan datos por cuenta de la empresa. PressLatam añade que la norma contempla multas de hasta 20.000 UTM y que el impacto alcanza especialmente a sectores como banca, retail y servicios.

¿Qué proyectos se mueven en Argentina?

En Argentina hubo avances legislativos en Mendoza, Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe, con iniciativas que apuntan a ciberseguridad, violencia digital en ámbitos educativos, protección de niños y adolescentes en entornos digitales y ética en el uso de la inteligencia artificial.

En Mendoza, la Cámara de Diputados incluyó en su agenda del 25 de agosto de 2026 el tratamiento del proyecto Nº 88339, referido a una Ley de Ciberseguridad en la Provincia, en el Salón de los Diputados del edificio de Comisiones, lo que ratifica su ingreso formal al circuito de trabajo de comisiones. Un comunicado provincial agregó que el gobernador vinculó esa iniciativa con la futura reglamentación del uso de tecnología de reconocimiento facial para seguridad pública y señaló que el proyecto ya obtuvo media sanción.

En la Provincia de Buenos Aires, la llamada Ley Ema obtuvo dictamen favorable en Legislación General y también en la Comisión de Educación, y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto en la sesión prevista para el 27 de agosto de 2026. Según Ahora Info, el objetivo es garantizar entornos educativos seguros dentro y fuera de la pantalla.

La Capital informó que el Concejo Municipal de Rosario adhirió a la Ley Ema, con ejes en capacitación docente, protocolos de actuación e incorporación de contenidos de ciudadanía digital, lo que anticipa obligaciones operativas para las escuelas que apliquen o adhieran al esquema.

En Tucumán, la Comisión de Ciencia y Tecnología emitió dictamen favorable a un proyecto para proteger a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, con foco en riesgos en redes sociales y plataformas digitales. La propuesta prevé un plazo de 180 días para su implementación una vez sancionada la ley.

¿Qué hace Santa Fe con la inteligencia artificial?

Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley sobre ética y uso de la inteligencia artificial que sigue recomendaciones de la UNESCO y ahora pasó a Diputados para continuar su trámite. El texto incorpora principios de equidad, no discriminación, transparencia, protección de la privacidad y dignidad humana, y además se vincula con el derecho de acceso a la información pública.