Buenos Aires y ANPD de Brasil, foco en menores

El Observatorio de Derecho a la Integridad de la Información (OGDAI) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó un webinario regional junto a la Red de Televisoras Públicas y Culturales de América Latina (RTA) sobre protección de menores en entornos digitales. Allí participó Jorge André Fontelles de Lima, auditor federal y representante de la Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) de Brasil, quien presentó avances normativos e innovaciones regulatorias de su país como referencia para actores argentinos.

¿Qué expuso la ANPD de Brasil en Buenos Aires?

La exposición se centró en verificación de edad, gobernanza de datos y protección reforzada para menores en entornos digitales. De acuerdo con el material del Gobierno porteño, la idea fue aportar insumos concretos para el debate local sobre cómo encarar obligaciones para plataformas y otros servicios digitales que interactúan con niños, niñas y adolescentes.

Ese marco se apoya en el llamado ECA Digital, la normativa brasileña que traslada al entorno digital la lógica de protección del Estatuto da Criança e do Adolescente. Según análisis regionales citados en el material, esa ley designó formalmente a la ANPD como autoridad encargada de reglamentar sus obligaciones, fiscalizar su cumplimiento y aplicar sanciones a plataformas que vulneren derechos de menores en línea.

¿Por qué el modelo brasileño interesa en la región?

Porque el ECA Digital tiene un alcance amplio y un esquema de enforcement que ya está marcando debates en países vecinos. El texto disponible señala que aplica tanto a productos y servicios tecnológicos dirigidos específicamente a menores como a aquellos que, sin estar pensados para ellos, previsiblemente sean usados por niños y adolescentes.

Ese criterio amplía el campo de aplicación frente a plataformas generalistas y vuelve más relevante la discusión sobre deberes de diseño, verificación de edad y privacidad por defecto. En el caso brasileño, las funciones atribuidas a la ANPD incluyen reglamentar obligaciones específicas, supervisar y fiscalizar el cumplimiento y aplicar sanciones económicas que pueden llegar hasta 50 millones de reales por cada violación, según La Diaria.

A ese esquema se suman otras piezas regulatorias. Un análisis de la IAPP señaló obligaciones reforzadas en configuraciones por defecto y mecanismos de verificación de edad para menores de 16 años. Migalhas, por su parte, describió requisitos de cumplimiento como la implementación de verificación de edad y configuraciones de privacidad más restrictivas para cuentas de menores, alineados con el cronograma del Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.

Licks Attorneys agregó que la ANPD emitió lineamientos sobre informes de transparencia vinculados al ECA Digital, con indicaciones prácticas sobre cómo las plataformas deben reportar su cumplimiento. Ese punto introduce una capa adicional de gobernanza y rendición de cuentas que también aparece en la agenda regulatoria regional.

¿Cómo se compara con el debate argentino?

El análisis de Estudio Lexar indica que en Argentina todavía no existe una obligación legal general de verificación de edad para servicios digitales dirigida a menores. Según ese mismo material, los proyectos de reforma en trámite durante 2026 contemplan incorporar esos requisitos con plazos de adecuación posteriores a su reglamentación.

Esa diferencia explica por qué el caso brasileño funciona como referencia para autoridades y actores argentinos. La discusión local, según el material reunido, mira experiencias comparadas para definir estándares mínimos de diseño, privacidad y enforcement en plataformas que operan con usuarios menores de edad.