Brasil acelera su ley de ciberseguridad

El Proyecto de Ley 4.675/2025 de Brasil, que crea un régimen específico para agentes económicos de relevancia sistémica en mercados digitales y refuerza la capacidad del CADE para regular grandes plataformas, quedó formalmente listo para votarse en el Plenario de la Cámara de Diputados. El texto tramita en régimen de urgencia y figura como "Pronta para Pauta no Plenário" y "Aguardando Despacho do Presidente da Câmara".

¿Qué cambia en Brasil?

El proyecto apunta a ordenar la actuación de grandes plataformas bajo un régimen propio para actores considerados sistémicos. Según el material de research, también se lo vincula con un marco legal más amplio de ciberseguridad que contempla una Política Nacional de Cibersegurança y un Comitê Nacional de Cibersegurança, con énfasis en la conexión entre defensa cibernética y seguridad nacional.

Ese artículo jurídico brasileño anticipa impactos en obligaciones de gestión de riesgos, protección de infraestructuras críticas y coordinación interinstitucional. En paralelo, la cobertura de Café com Bytes señala que, pese al régimen de urgencia, la regulación de las big techs podría quedar para 2027.

¿Qué otros frentes se mueven en la región?

Chile, México y Colombia también tienen iniciativas en trámite que tocan datos personales, violencia digital y contenidos generados con inteligencia artificial. En Chile, la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto antideepfakes que crea el derecho de "integridad digital", fija multas de entre 5.000 y 10.000 UTM y devuelve el texto a comisión para seguir su tramitación.

En México, la diputada federal Mónica Elizabeth Sandoval Hernández presentó una reforma al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer mecanismos coordinados de prevención, denuncia y atención frente a la violencia digital contra menores. La iniciativa incluye obligaciones de coordinación entre autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México.

En Colombia, un análisis especializado describe el Proyecto de Ley Estatutaria 282 de 2026 como una propuesta que introduce multas de hasta el 5% de los ingresos operacionales anuales, amplía el alcance territorial con un modelo inspirado en Europa e incorpora dos cambios relevantes para compliance, el tratamiento de los datos de localización como sensibles y el derecho expreso a rechazar el perfilado publicitario. El texto apareció en la Gaceta del Congreso el 8 de septiembre de 2026.

¿Qué pasa con Uruguay y Bolivia?

En Uruguay, se discute la reglamentación de la Ley Antilavado con participación del Colegio de Contadores y de sectores involucrados, en una etapa de revisión e intercambio antes de avanzar hacia la redacción definitiva del decreto. No se trata de una ley específica de ciberseguridad, pero sí de un desarrollo normativo con impacto en obligaciones de compliance para prevención de lavado de activos.

En Bolivia, un análisis sobre el estado del marco de protección de datos sostiene que el país no cuenta con una ley de protección de datos personales ni con una autoridad de control. Según ese texto, eso implica ausencia de obligaciones legales específicas de transparencia, supresión de datos o notificación de incidentes, aunque el material no menciona proyectos de ley en trámite para cubrir ese vacío.