Bolivia sigue sin ley integral de datos personales

Actualización 12 de octubre de 2026: Bolivia sigue sin una ley integral de protección de datos personales, pero el cuadro regulatorio quedó más definido con un anteproyecto de AGETIC que sigue en discusión y con normas sectoriales que protegen la confidencialidad de la información estadística y de telecomunicaciones.

Bolivia sigue sin una ley vigente de protección de datos personales. El artículo "Te Conocen", publicado por Biodiversidadla.org, señala que existen dos anteproyectos, uno elaborado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC, y otro por la Fundación InternetBolivia.org, pero ninguno se convirtió en ley. También indica que no hay una autoridad u oficina especializada con facultades para revisar el uso de datos personales o las prácticas de segmentación en campañas.

¿Qué dicen los anteproyectos sobre datos personales?

Los dos textos buscan establecer obligaciones para entidades públicas y privadas sobre el tratamiento de información personal. Según el artículo, deberían informar qué datos poseen, cuál es su origen y habilitar mecanismos para solicitar su eliminación. Sin embargo, ambos permanecen como propuestas y no registran un estado legislativo avanzado conocido.

Además, un tracker regulatorio regional indica que Bolivia tiene un anteproyecto de ley general de protección de datos personales en discusión, presentado por AGETIC ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en abril de 2023, y que en 2026 seguía sin aprobarse. El análisis jurídico de LexLint coincide en que Bolivia no tiene una ley integral de protección de datos personales, aunque sí reconoce una acción constitucional de hábeas data y un régimen más acotado para operadores de telecomunicaciones y TIC bajo la Ley N° 164 y su reglamentación.

¿Qué vacío institucional describe la nota?

La nota afirma que en Bolivia no existe actualmente una instancia especializada con facultades para revisar el uso de datos personales ni las prácticas de segmentación en campañas. Ese vacío se vincula de forma directa con la ausencia de una ley de protección de datos personales aprobada, de acuerdo con el mismo material.

Ese marco, sin embargo, convive con reglas sectoriales y con la base normativa de telecomunicaciones y gobierno digital. La Ley N° 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación figura en el registro oficial de leyes del Estado Plurinacional de Bolivia con fecha 2011-08-08, y un análisis sobre la evolución de la protección de datos en Bolivia la identifica, junto al Decreto Supremo 2514, como parte de la base institucional del debate regulatorio. Otro análisis de seguridad de la información describe a la Ley 164 como el instrumento boliviano más cercano a una norma general para canales digitales, aunque limitado a comunicaciones y sin reemplazar una ley integral de protección de datos.

¿Qué protección existe en estadísticas y censos?

El marco estadístico vigente impone secreto estadístico y anonimización sobre la información que recaba el INE. La Ley N° 1405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia fue promulgada el 1 de noviembre de 2021 y establece en su artículo 5 que la información de los informantes no puede revelarse de forma individualizada, solo publicarse anonimizadamente, ni usarse con fines tributarios, judiciales, administrativos o policiales, aun con orden administrativa o judicial.

El INE de Bolivia también aclara en sus términos y condiciones que sus datos publicados oficialmente son de carácter público, pero no deben permitir identificar personas, hogares, empresas u otras unidades informantes. En su documentación metodológica, además, explica que la anonimización no se limita a retirar identificadores directos, sino que también requiere controlar identificadores indirectos, como detalles geográficos o categorías ocupacionales poco frecuentes, para reducir el riesgo de reidentificación.

En relación con el Censo Agropecuario, el instituto comunicó que el marco vigente prohíbe utilizar declaraciones individuales como prueba judicial o para fines tributarios, y vinculó esa protección con los principios de confidencialidad y secreto estadístico.

¿Qué pasa con la referencia a la ley CIPA?

La referencia a una ley CIPA aparece en la iniciativa Bolivia Cibersegura, mencionada en una nota de Bolivia Emprende sobre un trabajo conjunto de Entel con la ATT y la AGETIC. Allí se describe como un proyecto de normativa orientado a proteger a menores en el acceso a Internet en colegios, asociado a la expansión de conectividad escolar.

En ese material no se indica que el texto haya ingresado formalmente como proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Por eso, la referencia queda presentada como una iniciativa en desarrollo y no como una ley ya aprobada.