Bolivia refuerza controles financieros y de datos

Bolivia aprobó en 2026 un decreto para fortalecer a las entidades financieras y asignó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, el registro, la supervisión y el control de determinados certificados vinculados a esas entidades. El Decreto Supremo 5693, además, crea certificados de fortalecimiento patrimonial administrados por el Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, con vigencia improrrogable y ejecución a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

¿Qué cambia para el sistema financiero?

El esquema aprobado suma obligaciones de seguimiento y reporte para las entidades financieras beneficiarias. La medida ubica a ASFI en un rol más activo sobre los certificados y deja al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como responsable directo del cumplimiento operativo. En la práctica, el decreto busca ordenar instrumentos ligados al fortalecimiento patrimonial bajo un marco de control más definido.

¿Cómo encaja la agenda de ASFI con el BID?

ASFI y el Banco Interamericano de Desarrollo desarrollan nuevas prácticas para fortalecer la protección del consumidor financiero en Bolivia. Entre los ejes que discuten figuran el diseño seguro de productos financieros, el gobierno corporativo, el uso ético de la inteligencia artificial y la necesidad de una supervisión preventiva capaz de anticipar riesgos para entidades y consumidores, según la cobertura de ABI.

¿Qué otras obligaciones se suman al sector?

La creación del Registro Nacional de Proveedores de Servicios Inmobiliarios, Renapsi, mediante el Decreto Supremo 5690, incorpora otra capa de cumplimiento para actores vinculados al crédito y a operaciones inmobiliarias conexas al sistema financiero. El registro apunta a promover la transparencia, la legalidad y la protección efectiva de los derechos de usuarios y consumidores de servicios inmobiliarios, de acuerdo con Unitel.

¿Qué presión externa agrega la Unión Europea?

La inclusión de Bolivia en la lista de países de alto riesgo por deficiencias en prevención del lavado de dinero obliga a las instituciones financieras europeas a aplicar medidas reforzadas de diligencia debida y análisis de riesgo en operaciones que involucren al país. Ese paso eleva los estándares de cumplimiento en la correspondencia bancaria y refuerza los incentivos para mejorar los controles de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo en el sistema financiero boliviano.

En paralelo, el Senado aprobó en detalle el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública y lo remitió a Diputados, según ERBOL, Unitel, ABI y Urgente.bo. La combinación de más supervisión financiera, nuevos registros sectoriales y reglas de acceso a la información deja a las entidades ante un mapa de cumplimiento más exigente, con mayores requerimientos de reporte, trazabilidad y gestión de datos.