BCRA endurece controles sobre transferencias

Actualización 16 de septiembre de 2026: El BCRA precisó que la Comunicación "A" 8473 impone un puntaje de riesgo obligatorio para transferencias inmediatas y fijó plazos diferenciados para administradores de esquemas, bancos y proveedores de servicios de pago. También se conocieron más detalles sobre cómo se alimentará ese score y en qué procesos deberá usarse.

El Banco Central de la República Argentina publicó las Comunicaciones "A" 8472 y 8473, dos normas de alcance nacional que tocan el régimen de información y registración de la actividad financiera, la operatoria de proveedores de servicios de pago y el esquema de prevención de fraude en transferencias electrónicas. Entre ambas, el organismo ajustó reglas para empresas de cobranza extrabancaria, agencias complementarias, billeteras virtuales, bancos y administradores de transferencias inmediatas.

¿Qué cambió con la Comunicación A 8472?

La Comunicación A 8472 modificó tres Textos Ordenados del BCRA, los de Servicios Complementarios de la Actividad Financiera y Actividades Permitidas, Expansión de Entidades Financieras y Proveedores de Servicios de Pago. Según el Boletín Oficial y los resúmenes normativos citados, la norma redefine el rol de las empresas de cobranza extrabancaria y habilita a las agencias complementarias inscriptas como empresas de cobranza a subcontratar personas humanas o jurídicas para prestar servicios delegados, con conformidad previa de la entidad financiera y bajo las mismas condiciones exigidas a la agencia.

Ese cambio también amplía el alcance operativo de las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago que usen agencias complementarias. La redefinición caracteriza a las empresas de cobranza extrabancaria de impuestos y servicios como prestadoras de pagos y cobranzas por cuenta y orden de terceros, con redes de agentes propios o de terceros y medios como efectivo y otros instrumentos de pago. AXI y Siap Blog del Contador describen la medida como una adecuación de las reglas para empresas de cobranza extrabancaria y agencias complementarias.

¿A quién alcanza el nuevo esquema antifraude?

La Comunicación A 8473 impone un régimen obligatorio de prevención y mitigación de fraude en transferencias electrónicas que alcanza a entidades financieras, proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago y administradores de esquemas de transferencias inmediatas. Kori informó que el BCRA aprobó nuevas disposiciones para mitigar el fraude en pagos electrónicos mediante una evaluación de riesgo individual obligatoria para transferencias inmediatas.

Según esos análisis, el esquema se usará en el seguimiento de operaciones, el alta de nuevos clientes y las revisiones periódicas previstas por las normas de conozca a su cliente, o KYC. Las coberturas especializadas agregan que los administradores de transferencias inmediatas, entre ellos Coelsa, NewPay, Red Link e Interbanking, serán los encargados de generar y distribuir los perfiles de riesgo para cada persona.

El desarrollo técnico-jurídico publicado por abogados.com.ar indica que el nuevo score se construirá con tres insumos: información pública provista por el BCRA, datos de la Central de Prevención de Fraude y la información transaccional que los administradores de esquemas acuerden compartir entre sí. Ese resultado se pondrá a disposición de entidades financieras y PSPCP de forma mensual y sin costo, mediante archivo y API.

Otra cobertura, en Urgente24, señaló que el score de riesgo de fraude se calculará para cada CUIL o CUIT de persona humana y que las entidades no podrán basar sus decisiones exclusivamente en ese puntaje, para evitar bloqueos automáticos de cuentas o rechazos de transferencias por el solo nivel de riesgo asignado.

¿Cómo se implementa y qué plazos fijó el BCRA?

El esquema se instrumenta mediante archivos mensuales y una API que los administradores de transferencias inmediatas usarán para distribuir puntajes y perfiles de riesgo a las entidades, de acuerdo con el análisis técnico publicado por The Metal Vortex y el desarrollo jurídico de abogados.com.ar. Ese mismo análisis señala que bancos y PSP no pueden decidir exclusivamente en función del puntaje, sino que deben mantener responsabilidad propia y evidencia del uso adecuado de la información.

Los plazos también quedaron escalonados. Kori precisó que los administradores de esquemas de pago de transferencias inmediatas tienen un plazo específico para desarrollar la infraestructura técnica del sistema de evaluación de riesgo. Además, las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago disponen de 60 días corridos para implementar los aspectos previstos en los acápites 5.1 y 5.3 del Anexo, y de 90 días corridos para lo previsto en el acápite 5.2, contados desde la recepción de la documentación técnica correspondiente.

El análisis jurídico de abogados.com.ar agregó que los administradores de esquemas de pago de transferencias inmediatas tienen 120 días corridos desde la publicación de la comunicación para desarrollar la infraestructura del score. Luego, las entidades financieras y PSPCP deben incorporarlo en sus procesos de alta de clientes y revisión periódica de cartera dentro de 60 días corridos, y en sus esquemas de monitoreo transaccional dentro de 90 días corridos, desde que reciben la documentación técnica del administrador.

¿Qué relación tiene con los controles tecnológicos del sistema financiero?

Microjuris vinculó estas decisiones con el Texto Ordenado de Requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos asociados para las entidades financieras, asociado a la Comunicación A 6017. Ese marco reglamentario ya impone sistemas de seguridad a los bancos para proteger a los consumidores frente a ciberestafas.

En paralelo, coberturas especializadas en pagos y juego online señalaron que el esquema de perfiles de riesgo también apunta a detectar fraudes y cuentas utilizadas para apuestas y juego ilegal. En esa línea, las notas de Yogonet indicaron que la información pública adicional puesta a disposición de los administradores de transferencias inmediatas formará parte de una estrategia más amplia contra fraude y operaciones ilícitas en el sistema de pagos.