Tesoro de EE.UU. ajusta reportes por estafas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió a los bancos mejorar la presentación de reportes de actividades sospechosas vinculadas con estafas cibernéticas, después de calcular pérdidas cercanas a US$13.000 millones desde 2023. La medida incorpora un nuevo keyword para SAR, FIN-2026-SCAMCENTERS, pensado para indicar la posible participación de centros de estafa.

¿Qué cambia en los reportes de estafas?

El ajuste apunta a que las entidades identifiquen y describan mejor los patrones asociados con fraude digital en sus reportes de actividades sospechosas. Según la cobertura de TechRadar sobre la política del Tesoro, el nuevo keyword sirve para marcar la posible intervención de centros de estafa dentro de esos casos.

La referencia llega en un momento en que el Tesoro busca mejorar la calidad de la señal que reciben los equipos de supervisión y análisis financiero. TechRadar vinculó el pedido con el volumen acumulado de pérdidas desde 2023, que ronda los US$13.000 millones.

¿Cómo se conecta esto con el resto del frente regulatorio en Estados Unidos?

El movimiento del Tesoro se suma a una serie de ajustes que están endureciendo o afinando la supervisión financiera y cibernética en Estados Unidos. En el frente de privacidad corporativa, FinCEN emitió en agosto de 2026 una regla final que exime en gran medida a entidades domésticas y personas estadounidenses de reportar información de beneficiario final bajo el régimen de transparencia corporativa.

Esa flexibilización reduce el alcance del reporte interno, pero no elimina las obligaciones de conocimiento del cliente, monitoreo y cumplimiento en otras jurisdicciones como México. El contraste aparece con claridad en el análisis legal de Snell & Wilmer, que señala que México expandió de forma significativa sus obligaciones de prevención de lavado de dinero para actividades vulnerables mediante reformas de 2025 y reglas adicionales de 2026.

¿Qué implica para bancos con operaciones en América Latina?

Para bancos y entidades con actividad entre Estados Unidos y América Latina, el impacto no se limita al ciberfraude. La política de sanciones estadounidense también se amplió desde el 5 de junio de 2026, cuando una acción ejecutiva habilitó congelar activos e imponer sanciones a individuos y empresas vinculados a determinadas organizaciones criminales, incluso si esos vínculos se producen fuera del territorio estadounidense.

Rosa Luxemburg Stiftung sostiene que esa extensión extraterritorial eleva la exposición de instituciones financieras que mantienen relaciones con contrapartes regionales. En paralelo, el artículo de Pablo A. Palazzi en Fordham International Law Journal describe cómo Washington viene promoviendo en América Latina un enfoque de libre flujo de datos personales a través de acuerdos comerciales y del sistema Cross-Border Privacy Rules, en contraste con un marco europeo más restrictivo.

La guía de NYDFS publicada en septiembre de 2026 también empuja a los bancos a revisar concentraciones y puntos únicos de falla en infraestructura compartida, nube, software y servicios gestionados. American Banker informó que el regulador pidió mirar no solo al proveedor individual, sino a las dependencias cruzadas que pueden convertir tecnologías aparentemente de bajo riesgo en un problema sistémico.

Horizonscan agregó que esa guía no crea nuevas obligaciones formales bajo la Parte 500, sino que aclara expectativas supervisoras sobre propagación de incidentes, visibilidad sobre datos de clientes y entornos cloud. En el mismo frente de cumplimiento, Comply y FedLaws coinciden en que las enmiendas a Regulation S-P ya dejaron a las entidades registradas con planes formales de respuesta a incidentes y notificación de brechas para mediados de 2026, mientras FINRA mantiene la ciberseguridad entre sus prioridades de supervisión para 2026.