Paraguay acelera controles financieros

¿Qué movió el BCP en el mercado de valores?

El Banco Central del Paraguay reforzó las facultades de la Superintendencia de Valores y puso en marcha una plataforma digital única para el registro de fondos patrimoniales de inversión y acciones escriturales, en el marco de la Ley N.º 7572. Desde el 3 de abril de 2025, esos instrumentos deben registrarse exclusivamente por ese sistema.

La autoridad monetaria explicó que el objetivo es unificar y modernizar un marco regulatorio que antes estaba distribuido en siete leyes. La medida se inscribe en un proceso más amplio de transformación normativa del ecosistema financiero paraguayo y amplía el alcance de supervisión, regulación y fiscalización sobre el mercado de valores.

¿Cómo cambió la trazabilidad sobre fondos y custodios?

La Caja de Valores de Paraguay, bajo supervisión de la Superintendencia de Valores del BCP, consolidó a inicios de 2026 la segregación de funciones con la Bolsa de Valores de Asunción y asumió por completo las tareas de post negociación mediante la plataforma tecnológica Montran.

Además, reportó activos en custodia por cerca de USD 6.600 millones al primer semestre y el desarrollo de nuevos productos como CDA inmovilizados y un contrato de futuros de divisas en coordinación con el regulador. En paralelo, la prensa económica local informó que ueno bank registró un saldo neto de aproximadamente G. 761.444 millones en la cuenta Bienes Intangibles, Sistemas al primer semestre de 2026, tras una inversión en software superior a G. 654.799 millones en el último año. Según ABC Color, ese patrimonio tecnológico es alrededor de tres veces superior a la suma de las inversiones en software de nueve bancos competidores bajo la misma clasificación contable.

ABC Color añadió que, después de la Resolución SB.SG. N.º 00105/24 del BCP, la categoría Inversiones Mayores queda reservada para sistemas cuya vida útil se busca extender más allá de cinco años, y que el regulador precisa que el software desarrollado internamente solo puede activarse contablemente desde la fase de desarrollo, con un criterio más restrictivo para capitalizar proyectos internos de TI.

¿Qué está pidiendo la DNIT a contribuyentes y criptooperadores?

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios lanzó un proyecto de digitalización que habilita a los bancos a acceder a declaraciones juradas directamente desde la fuente tributaria, siempre que exista autorización expresa del contribuyente, y sumó nuevas funciones en Marangatu para verificar en línea si un comprobante de compra ya figura en el Registro de Comprobantes.

Ese control apunta a detectar registros duplicados y reforzar la fiscalización sobre facturas, aunque la propia DNIT aclaró que el resultado de la consulta es solo referencial y no certifica por sí mismo la legitimidad de la operación ni reemplaza una fiscalización.

En criptoactivos, la Resolución General N.º 47/2026 estableció que la primera Declaración Jurada Informativa corresponderá al ejercicio fiscal 2026 y deberá presentarse en marzo de 2027 por Marangatu. La obligación alcanza a plataformas que operen en Paraguay y a personas físicas o jurídicas residentes que realicen operaciones anuales con criptoactivos por encima de USD 5.000, incluyendo operaciones sin intermediarios o mediante plataformas del exterior.

Un análisis jurídico posterior señaló que la declaración debe incluir fecha y hora de la operación, identificación de intervinientes o direcciones públicas de billeteras, denominación y red del criptoactivo, cantidad operada hasta el décimo decimal, valor bruto en dólares, comisiones, gas fees, hash de la transacción y direcciones de origen y destino. Ese mismo análisis subrayó que la administración tributaria debe justificar la necesidad y proporcionalidad de cada dato frente a estándares de protección de datos personales.

¿Qué pasó con la ley de ciberseguridad?

La audiencia pública sobre el proyecto de Ley de Ciberseguridad en el Paraguay terminó con la decisión de abrir una nueva mesa de trabajo, después de que varias instituciones públicas y privadas señalaran reservas porque habían preparado sus observaciones sobre una versión anterior del texto.

Según la cobertura parlamentaria, en la sesión se presentó una redacción distinta de la que habían analizado los invitados y varias instituciones optaron por abstenerse de opinar. La nueva mesa buscará revisar el contenido actualizado del proyecto y volver a recoger aportes del sector público y privado.