México cashless 2027: ley de pagos digitales

Actualización 18 de septiembre de 2026: La iniciativa sumó precisiones sobre el avance del uso de efectivo en compras chicas y sobre el rol operativo de Hacienda para definir los sectores donde sólo se aceptarán pagos electrónicos. La exposición de motivos cita cambios entre 2021 y 2024, y nuevos análisis periodísticos desglosan el alcance del artículo 13.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, como parte de las reformas asociadas al Paquete Económico 2027. El proyecto busca reducir gradualmente la dependencia del efectivo en México, habilita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir sectores donde los pagos digitales serían la única forma de pago permitida, e incorpora la CURP Digital como mecanismo de identificación en la contratación financiera.

¿Qué propone la iniciativa sobre el uso de efectivo?

La propuesta permite que la Secretaría de Hacienda determine, por sectores o actividades económicas, dónde los pagos digitales y electrónicos serían obligatorios. Según los reportes citados en la cobertura económica, Hacienda tendría 15 días hábiles para emitir una primera determinación una vez que la ley entre en vigor.

Esa posibilidad no equivale a una prohibición general del efectivo. El Imparcial subrayó que, al momento de la publicación, ningún comercio está obligado a abandonar el efectivo y tampoco existe una lista oficial de actividades afectadas, porque la iniciativa sigue en trámite legislativo.

Los análisis privados también describen un cambio relevante en la contratación financiera digital. Mijares Abogados y otros medios económicos señalaron que la reforma ampliaría las obligaciones de identificación de usuarios y de adecuación de infraestructura de pagos, aunque sin imponer de inmediato un cierre total del efectivo.

La exposición de motivos citada por White & Case agrega que, entre 2021 y 2024, el uso frecuente de efectivo en compras de 500 pesos o menos bajó de 90.1% a 85.2%, mientras que las transferencias electrónicas y aplicaciones móviles subieron de 1.6% a 4.4%.

Análisis periodísticos posteriores precisaron que el artículo 13 de la iniciativa le encarga a la Secretaría de Hacienda la definición concreta de los sectores estratégicos y actividades relevantes donde sólo se aceptarán pagos electrónicos. El desglose acota el mecanismo operativo de restricción al efectivo y deja en manos de esa dependencia la selección de los rubros alcanzados.

¿Cómo cambia la identificación de usuarios financieros?

La iniciativa incorpora la CURP Digital como mecanismo de identificación confiable para la contratación digital de servicios financieros. De acuerdo con Radio Fórmula, los usuarios podrán elegir entre la CURP Digital u otros medios oficiales de identificación al interactuar con entidades financieras.

White & Case, en su análisis del borrador, indicó que el proyecto hace referencia al consentimiento y a la legislación de protección de datos personales, pero no regula de forma directa el acceso, la limitación de finalidad ni la retención de datos. Eso deja obligaciones de compliance en materia de identificación y tratamiento de datos, sin configurar un marco integral de privacidad.

¿Qué alcance político y económico tiene el proyecto?

La iniciativa fue presentada formalmente por el Poder Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2026 y enviada por Sheinbaum como uno de tres proyectos remitidos a la Cámara de Diputados. Quadratín, El Financiero y Record confirmaron que el expediente ya está en registro legislativo.

La cobertura internacional también ubicó la reforma dentro de una estrategia para reducir gradualmente la dependencia del efectivo y acelerar los pagos digitales. Breaking Belize News y The Rio Times señalaron que el objetivo declarado es consolidar un marco normativo específico con impacto en inclusión financiera y en las obligaciones de proveedores de servicios financieros y comercios.

Los datos citados en los análisis económicos ayudan a dimensionar el alcance de la propuesta. Mexico Business News reportó que los pagos digitales cubren aproximadamente 18% de las transacciones en México, mientras que el efectivo se usa hasta en 95% de las compras menores de 500 pesos. En ese contexto, la ley apunta a cambiar la contratación financiera y a abrir la puerta a escenarios cashless por sectores definidos regulatoriamente.

¿Qué otras iniciativas se movieron en México sobre datos y ciberseguridad?

En los mismos días hubo otras propuestas legislativas sobre datos personales, fraude digital y violencia en línea. En Sonora se socializó una reforma para reforzar que el tratamiento de datos se haga con consentimiento libre, específico e informado. En el plano federal, Humberto Ambriz Delgadillo impulsó cambios al Código Penal para agravar la comercialización y divulgación de información obtenida por acceso ilícito a sistemas.

También se presentó una iniciativa de Ana González González para obligar a campañas permanentes de prevención, alfabetización digital y protección de datos frente a violencia digital contra mujeres. A eso se sumó la propuesta de Olga Sosa Ruiz para autenticar el identificador de origen de las llamadas de voz y crear un registro de números telefónicos usados por instituciones financieras, con el fin de combatir fraudes y suplantación.

La agenda regulatoria sobre plataformas digitales siguió la misma línea de endurecimiento. Coberturas nacionales mencionaron otras propuestas estatales para restringir el acceso de menores a redes sociales y exigir mecanismos robustos de verificación de edad, en paralelo con la discusión federal sobre pagos digitales e identidad.