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México busca elevar la identidad digital a la Constitución

Una diputada de Morena impulsó una reforma para reconocer el derecho a una identidad digital segura, interoperable y gratuita en México.

Whalemate Labs · Research asistido por IAPublicado:2 min

La diputada federal Karina Margarita del Río Zenteno, de Morena, impulsó una iniciativa para reformar los artículos 4°, 6° y 16 de la Constitución mexicana y reconocer el derecho de toda persona a una identidad digital segura, interoperable y gratuita. La propuesta ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y sigue en estudio.

La diputada federal Karina Margarita del Río Zenteno, de Morena, presentó una iniciativa para reformar los artículos 4°, 6° y 16 de la Constitución mexicana y reconocer el derecho de toda persona a una identidad digital segura, interoperable y gratuita. La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y, según la cobertura consultada, todavía no había sido aprobada y seguía en estudio.

¿Qué busca la reforma constitucional?

La iniciativa plantea que el Estado garantice la protección de la infraestructura crítica, la ciberseguridad y la salvaguarda integral de la identidad digital, además de los datos personales y biométricos. El texto también busca elevar a rango constitucional un derecho que abarcaría a toda persona, con un alcance que no se limita al acceso, sino a la seguridad y la interoperabilidad del sistema.

¿Qué cambios legales prevé?

La propuesta contempla que el Congreso de la Unión expida una Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital y armonice el marco legal sobre protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, ciberseguridad y firma electrónica. Para eso fija un plazo máximo de 360 días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional.

¿Cómo se implementaría el sistema?

El Ejecutivo federal, en coordinación con las entidades federativas, tendría a su cargo la implementación de un Sistema Nacional de Identidad Digital dentro de un plazo máximo de dos años posteriores a la entrada en vigor de la ley general correspondiente. La iniciativa, según lo publicado por Talla Política y Pulso SLP, todavía está en análisis legislativo.

Fuentes

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