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Edomex aprueba Transparencia Mexiquense y extiende plazos

El Congreso mexiquense aprobó nuevas leyes de transparencia y datos personales, extinguió el INFOEM y creó Transparencia Mexiquense bajo la Contraloría.

Whalemate Labs · Research asistido por IAPublicado:Actualizado 6 min

El Congreso del Estado de México aprobó nuevas leyes de transparencia y protección de datos personales, consumó la extinción del INFOEM y ordenó crear Transparencia Mexiquense como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría estatal.

Actualización 25 de agosto de 2026: El Congreso del Estado de México aprobó la nueva Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, consumó la extinción del INFOEM y fijó que su liquidación no podrá extenderse más de 180 días tras la publicación del decreto. También ordenó que la Secretaría de la Contraloría cree Transparencia Mexiquense como órgano desconcentrado.

El Congreso del Estado de México aprobó la creación de Transparencia Mexiquense como nuevo órgano encargado del acceso a la información pública y la protección de datos personales, en sustitución del INFOEM, además de dos nuevas leyes en la materia y reformas a cinco ordenamientos estatales. En la Ciudad de México avanza una reforma sobre violencia digital contra las mujeres y, en el plano federal, siguen pendientes la Ley de Ciberseguridad y el proyecto de Ley General de Inteligencia Artificial.

¿Qué decidió el Congreso del Estado de México?

El Poder Legislativo mexiquense aprobó la expedición de una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y sus Municipios, junto con la creación de Transparencia Mexiquense y reformas vinculadas a otros ordenamientos estatales.

De acuerdo con la cobertura local, la aprobación formaliza la extinción del INFOEM y traslada sus funciones a una entidad adscrita a la Secretaría de la Contraloría estatal. El nuevo organismo concentrará la función de órgano garante para el Poder Ejecutivo y los municipios, mientras que las solicitudes dirigidas al Poder Judicial y al Legislativo quedarán bajo sus propias contralorías.

El dictamen aprobado conjuntó iniciativas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y por el diputado Gerardo Pliego Santana. Además, incorporó reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México, la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado y Municipios, el Código Administrativo y el Código Financiero estatales.

¿Qué pasó con el INFOEM y quién absorberá sus funciones?

Las funciones del INFOEM pasarán a la Secretaría de la Contraloría estatal, que deberá crear el órgano desconcentrado Transparencia Mexiquense para garantizar el derecho de acceso a la información pública estatal y municipal.

La cobertura regional había anticipado que más de 90% de las solicitudes que hoy atiende el INFOEM pasarían al nuevo modelo encabezado por Transparencia Mexiquense, mientras que el resto quedaría repartido entre otros poderes y órganos internos de control. En el análisis en comisiones, funcionarios estatales precisaron que las unidades de transparencia seguirán existiendo en cada ente obligado.

La Jornada informó que la extinción del INFOEM quedó consumada con la aprobación de la nueva ley y que el proceso de liquidación no deberá exceder 180 días una vez publicado el decreto. El planteo es que el nuevo organismo funcione como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, con autonomía técnica y operativa, pero dentro de la estructura estatal.

¿Qué objeciones políticas generó la reforma?

La oposición mexiquense cuestionó que la desaparición del INFOEM reduzca la independencia en transparencia y protección de datos, y advirtió que el nuevo modelo aumenta el control de la administración estatal.

El PRI en el Estado de México se pronunció contra el dictamen y sostuvo que el modelo propuesto debilita la independencia de las instituciones encargadas de garantizar estos derechos. Diputados locales también rechazaron la extinción del INFOEM por considerar que Transparencia Mexiquense implicaría mayor control de la administración estatal sobre la transparencia y la protección de datos.

El bloque perredista votó contra la desaparición del INFOEM y advirtió que trasladar sus funciones a una dependencia del Ejecutivo pone en riesgo la autonomía y los contrapesos institucionales. La cobertura de OEM y El Sol de Toluca recogió además cuestionamientos de diputadas y diputados sobre la independencia del nuevo órgano y sobre los retos presupuestales y administrativos que implica sustituir a un organismo constitucional autónomo por una entidad adscrita al Ejecutivo.

¿Cómo cambiarían los plazos para pedir información?

El proyecto de nueva Ley de Transparencia en el Estado de México extendería los tiempos de respuesta a solicitudes de información y podría alargar también la resolución de inconformidades.

Según Marcaje Legislativo, el plazo ordinario pasaría de 15 a 20 días hábiles, con una prórroga posible de 7 a 10 días hábiles. En la práctica, eso podría llevar la respuesta hasta 30 días hábiles y estirar hasta dos meses la resolución de inconformidades, lo que implicaría un cambio sustantivo en las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

¿Qué cambia en protección de datos personales?

La nueva ley estatal regula el tratamiento de datos personales en el sector público estatal y municipal y ordena el ejercicio de los derechos ARCO, con reglas específicas para el acceso, rectificación, cancelación y oposición.

La cobertura de Diario Portal señala que la ley de protección de datos personales aprobada por el Congreso mexiquense establece las bases para el tratamiento de datos en el ámbito público y refuerza el marco de protección para los sujetos obligados del estado y de los municipios. El propio INFOEM había recordado que el ejercicio de los derechos ARCO implica una doble verificación de identidad, al presentar la solicitud y nuevamente antes de la entrega de la información, para asegurar que se entregue solo al titular.

¿Qué otras iniciativas avanzan en México?

La Ciudad de México analiza una reforma para actualizar la definición de violencia digital y facultar al Ministerio Público a ordenar de manera inmediata el retiro, bloqueo, destrucción o eliminación de contenidos digitales vinculados con hechos denunciados.

La iniciativa fue presentada por la diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar, de Morena, ante la Comisión Permanente, y luego turnada a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino. El diputado Ángel Augusto Tamariz Sánchez se adhirió a la propuesta, según la cobertura de La Crónica de Hoy.

En el plano federal, la iniciativa de Ley de Ciberseguridad presentada el 30 de abril de 2025 en el Senado sigue turnada a comisiones, sin haber sido dictaminada, votada por el pleno, aprobada por la Cámara de Diputados ni publicada en el Diario Oficial de la Federación. Un seguimiento independiente ubica la primera ventana política real para votarla a partir del 1 de septiembre de 2026.

Además, en el Senado existe un proyecto de Ley General de Inteligencia Artificial que continúa en comisiones y no cuenta con una ley específica aprobada sobre la materia. Un reportaje posterior indicó que la votación plenaria prevista para el 25 de febrero de 2026 no se realizó, por lo que el proyecto no fue aprobado por el pleno.

La Cámara de Diputados, a su vez, mantiene pendientes diversas iniciativas relacionadas con delitos cibernéticos y uso indebido de inteligencia artificial, entre ellas un proyecto de decreto para adicionar al Código Penal Federal un capítulo denominado "Robo y suplantación de identidad digital y violencia digital extorsiva", registrado en julio de 2026 por el diputado Marcelo Torres Cofiño (PAN) y turnado a la Comisión de Justicia.

Además, un seguimiento regional sobre protección de datos e inteligencia artificial recuerda que México cuenta desde febrero de 2025 con una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y con una Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, en vigor desde el 21 de marzo de 2025, que reconfiguran el marco de supervisión y cumplimiento en la materia.

Fuentes

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