Colombia ajusta control financiero

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el Proyecto de Circular Externa 13 de 2026 y lo abrió a comentarios externos hasta el viernes 14 de agosto a las 11:59 p.m., con envío de observaciones a normativa@superfinanciera.gov.co mediante una matriz específica. En paralelo, el Banco de la República reportó que entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026 no se materializaron incidentes relevantes contra su plataforma tecnológica ni contra los datos alojados en ella.

¿Qué busca el proyecto regulatorio de la Superintendencia Financiera?

El Proyecto de Circular Externa 13 de 2026 apunta a mitigar los efectos derivados de la situación de desastre nacional declarada por el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026, con instrucciones ligadas a gestión de riesgos operativos y continuidad para entidades vigiladas. La ficha pública del proceso fijó el canal formal de participación y dejó abierta la recepción de observaciones externas dentro de un plazo acotado.

El texto oficial de la iniciativa y la reseña del Centro de Estudios Regulatorios coincidieron en que la publicación se hizo el 13 de agosto de 2026. vLex también registró el proyecto como Normatividad 13_2026 y confirmó la fecha de cierre de comentarios. Finance Colombia, por su parte, documentó que la Superintendencia suele tramitar sus proyectos de circular con radicación específica y remisión por correo institucional, una mecánica que vuelve a aparecer en este caso.

¿Cómo se mueve el frente financiero y de seguridad de la información?

La versión vigente de la Circular Básica Financiera, identificada como Circular Externa 004 de 2026, fue modificada el 12 de agosto de 2026, lo que introduce ajustes recientes al marco prudencial aplicable a entidades vigiladas. El material disponible no describe el contenido completo de esos cambios, pero sí los ubica como parte del movimiento regulatorio que rodea a seguridad de la información, gestión de riesgos y cumplimiento operativo.

En ese mismo período, el Banco de la República sostuvo en su política general de seguridad de la información que no hubo incidentes relevantes en su plataforma ni en los datos durante el período informado. Ese dato aparece en su portal de transparencia y funciona como referencia institucional sobre el estado de su superficie tecnológica en ese lapso.

¿Qué cambió para los criptoactivos en Colombia?

La DIAN pasó a exigir reportes sobre operaciones con criptoactivos, compras, ventas y tenencias desde el año gravable 2026, lo que aumenta las cargas de información para proveedores locales vinculados a actividades financieras con activos virtuales. Infobae Colombia indicó además que el primer envío de esa información, bajo la Resolución 000240 de 2025, está previsto para mayo de 2027.

El mismo medio señaló que el proyecto de ley 510 de 2025, que buscaba un marco regulatorio específico para plataformas de servicios con criptoactivos, fue archivado por aplicación del artículo 190 de la Ley 5 de 1992, según la ficha oficial de la Cámara de Representantes citada en su cobertura. También remarcó que la Superintendencia Financiera reiteró que no regula, supervisa, avala ni autoriza negocios basados en criptoactivos.

Infobae añadió que Colombia sigue sin una definición tributaria especial de criptoactivo ni un método exclusivo para su valoración, lo que mantiene incertidumbre práctica para entidades que operan en el país. Esa lectura fue presentada por el medio como una tensión entre mayores exigencias de reporte y un marco todavía incompleto para la actividad.

¿Qué otros frentes de cumplimiento pesan sobre los proveedores de activos virtuales?

Además del esquema tributario de la DIAN, el marco colombiano incorpora obligaciones antilavado para proveedores de servicios de activos virtuales domiciliados en el país o con operaciones allí. Cryptoveritas 360 señaló que la Resolución 314 de 2021 de la UIAF ya impone reportes de operaciones sospechosas y transacciones con activos virtuales para PSAV, incluyendo intercambio entre activos virtuales y moneda fiat, intercambio entre activos virtuales, transferencia, custodia o administración.

Ese mismo análisis agregó que, junto al esquema CARF adoptado por la DIAN, también existen obligaciones de información exógena para determinados PSAV sobre conversiones entre moneda de curso legal y activos digitales. En conjunto, el cuadro regulatorio deja a las firmas del sector con dos frentes de cumplimiento simultáneos, el tributario y el antilavado, mientras el debate sobre una supervisión integral sigue abierto.