Chile posterga la ley de datos personales

El Senado de Chile aprobó en primer trámite constitucional el proyecto que modifica la Ley N.º 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. La iniciativa propone postergar la entrada en vigencia de la norma al 15 de octubre de 2027 y ajustar la composición del consejo directivo de la futura agencia. Ahora pasó a la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite constitucional.

¿Qué cambió con la votación del Senado chileno?

El proyecto aprobado por la Cámara Alta mueve la fecha de entrada en vigor desde el 1 de diciembre de 2026 al 15 de octubre de 2027, de acuerdo con Garrigues y con la cobertura de El América y La Tercera. Además, aumenta de tres a cinco los integrantes del consejo directivo de la futura Agencia de Protección de Datos Personales.

La votación obtuvo 33 votos a favor y 6 en contra, según El América. La Tercera agregó que la ley vigente contempla obligaciones relevantes para organismos públicos y empresas que traten información personal, junto con derechos de los titulares de datos.

¿Qué sigue en la tramitación?

El texto todavía debe ser revisado por la Cámara de Diputadas y Diputados en segundo trámite constitucional. Mientras ese proceso no concluya y el proyecto no sea publicado como ley, sigue vigente la fecha original de entrada en vigor, fijada para el 1 de diciembre de 2026.

¿Cómo avanza la agenda digital en Brasil y Guatemala?

En Brasil, el proyecto de ley de inteligencia artificial PL 2338/2023, ya aprobado por el Senado, seguía en la Cámara de Diputados dentro de una comisión especial y a la espera del informe del relator, de acuerdo con Safeguard. El trámite continuaba bajo procedimiento prioritario y otros proyectos de inteligencia artificial habían sido incorporados al expediente.

En Guatemala, la agenda plenaria prevista para el 3 de noviembre incluía el conocimiento en primer debate de un proyecto de ley de ciberseguridad. El dictamen presentado a finales de septiembre proponía crear una estructura institucional para coordinar la prevención y respuesta estatal ante incidentes cibernéticos, ubicar la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo el Ministerio de Gobernación, mantener competencias de ciberdefensa en el Ministerio de la Defensa Nacional y crear un Consejo Nacional de Ciberseguridad presidido por el presidente de la República.