Brasil endurece la fiscalización de la ANPD

Los Decretos nº 12.975/2026 y nº 12.976/2026, firmados el 20 de mayo de 2026 y con plazo de 60 días para entrar en vigor, ampliaron los deberes de las plataformas digitales en Brasil para combatir delitos, fraudes y violencia contra mujeres en internet. Las nuevas reglas incorporan obligaciones de prevención, transparencia, atención a víctimas y cooperación con autoridades, en un marco que ya venía mostrando un endurecimiento del control sobre el ecosistema digital.

ANPD más activa y con estructura reforzada

Ese giro regulatorio se da en paralelo a una ANPD con mayor capacidad de actuación. Un análisis publicado en julio de 2026 sostuvo que el fortalecimiento institucional del organismo se refleja en el aumento de denuncias, fiscalizaciones y en la consolidación de una actuación regulatoria más firme. En la misma línea, O Tempo informó el 27 de julio de 2026 que la ANPD siguió reforzando su estructura interna con nuevas contrataciones, en sintonía con su expansión institucional.

La lectura de fondo es que la autoridad pasó a operar con una lógica más parecida a la de una agencia reguladora plena, con más herramientas para fiscalizar y más volumen de trabajo para sostener ese ritmo. El análisis de Jornal do Brasil ubicó ese proceso como el fin de la cultura del improviso en materia de cumplimiento.

Más obligaciones para plataformas y áreas sensibles

Las nuevas exigencias sobre plataformas se suman a un contexto en el que la agenda regulatoria brasileña viene ampliando deberes de cumplimiento para actores digitales y sectores críticos. El material disponible también remite a la Resolução nº 32 sobre transferencias a la UE, al ECA Digital y a los documentos técnicos y orientativos publicados por la ANPD en su portal oficial, todos insumos que forman parte del andamiaje regulatorio que rodea hoy a las empresas que operan con datos personales en Brasil.

En ese esquema, las plataformas quedan bajo un marco más exigente no solo por el tipo de contenido que deben prevenir y atender, sino también por la necesidad de demostrar trazabilidad, respuesta y cooperación frente a autoridades. La nota de Sampi sobre el Marco Civil da Internet resume ese corrimiento al señalar que las nuevas reglas amplían deberes concretos en la moderación y gestión de incidentes vinculados con delitos y violencia en línea.

La publicación del Ministerio de las Mujeres, por su parte, indicó que el decreto que establece directrices de protección a las mujeres en internet ya está en vigor, lo que confirma que el paquete normativo ya comenzó a producir efectos prácticos sobre las empresas que intermedian servicios digitales.

Expansión institucional y fiscalización

El movimiento no se limita a nuevas obligaciones sustantivas. La ANPD también aparece consolidando capacidad operativa, algo que el aumento de denuncias y fiscalizaciones, según el análisis de julio, viene acompañando. La contratación informada por O Tempo refuerza esa señal de expansión interna en un momento en que la supervisión se vuelve más intensa.

A la vez, la autoridad sigue sumando presencia en el ecosistema regulatorio regional e internacional. Entre las fuentes disponibles figura además que la ANPD fue la primera de América del Sur en integrarse a una red internacional de agencias de seguridad en el ambiente digital, otro indicio de una inserción institucional más amplia.