BCRA suma gestión antifraude a riesgos operativos

El Banco Central de la República Argentina incorporó la Sección 6.5 "Gestión del riesgo de fraude" al texto ordenado "Lineamientos para la Gestión de Riesgos en las Entidades Financieras" mediante la Comunicación "A" 8471, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre de 2026. La medida integra el fraude interno y externo al marco de gestión del riesgo operacional de las entidades financieras y refuerza su tratamiento como parte de la gestión integral de riesgos del sistema argentino.

¿Qué exige la nueva Comunicación A 8471?

La Comunicación "A" 8471 exige que las entidades financieras definan estrategias, políticas y prácticas antifraude, establezcan su nivel de tolerancia al riesgo y cuenten con una estructura específica o una persona responsable de administrar la función de gestión del fraude. También incorpora el fraude interno y externo dentro del esquema de riesgo operacional, según la normativa difundida por el BCRA.

La obligación no se limita a declaraciones generales. El texto ordenado actualizado busca que cada entidad tenga una organización concreta para administrar ese riesgo y que esa función quede formalmente asignada. En paralelo, el BCRA también comunicó que fortalecerá los controles para detectar y prevenir fraudes y operaciones ilegales en el sistema de pagos electrónico, con el uso de disposiciones de carácter público para mejorar sus capacidades de análisis y monitoreo de transacciones.

¿Cómo cambia el reporting al directorio?

El BCRA pidió que los bancos reporten al directorio sobre la gestión del fraude con una frecuencia mínima trimestral, incluyendo indicadores, incidentes relevantes, medidas correctivas y nuevas modalidades de fraude detectadas. Con eso, la supervisión pasa a tener un componente periódico y documentado dentro de la gobernanza de riesgo.

La exigencia de informar al directorio cada tres meses apunta a dejar trazabilidad sobre lo que ocurre dentro de cada entidad y sobre cómo responde ante incidentes o variantes nuevas. La cobertura periodística sobre la comunicación también señaló que la vigencia integral de las nuevas exigencias se extendería hasta el 1 de septiembre de 2027, con etapas intermedias de adaptación para entidades financieras y otros agentes alcanzados, aunque ese cronograma fue atribuido por la fuente como no plenamente confirmado.

¿Cómo se compara con la respuesta de México?

En México, la respuesta pública fue comunicacional y preventiva, sin cambios regulatorios ciberespecíficos equivalentes a los del BCRA en el mismo período. Banco de México reiteró en redes que nunca solicita información personal ni financiera por llamadas, mensajes, correos electrónicos o redes sociales, y difundió material para que el público verifique siempre la fuente oficial ante pedidos sospechosos.

Esa alerta institucional fue amplificada por Abril Mejía, funcionaria vinculada al Banco de México, que replicó el mensaje y reforzó la instrucción de verificar sitios y comunicaciones en la fuente oficial. En paralelo, bancos comerciales como Banamex lanzaron campañas específicas contra fraude digital en septiembre de 2026, con advertencias sobre descargas de aplicaciones desde enlaces sospechosos y aclaraciones de que no piden instalar apps ni descargar software por mensajes o llamadas. La Condusef y la banca mexicana, además, difundieron recomendaciones para no abrir enlaces inesperados, no compartir contraseñas, NIP ni códigos de verificación y prevenir la instalación de malware en el celular.