San Luis Potosí denunció extorsión tras hackeo

El Ayuntamiento de San Luis Potosí sufrió un hackeo, perdió unos 2.9 GB de información de sus servidores y luego recibió un intento de extorsión para liberar los datos sustraídos. El alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que no hubo negociación con los responsables y que el municipio ya presentó una denuncia de carácter federal.

¿Qué se sabe del ataque y del intento de cobro?

El municipio reconoció públicamente el robo de aproximadamente 2.9 GB de información, según El Sol de San Luis, y después reportó que los autores intentaron cobrar para devolver o liberar el material. Pulso informó que el alcalde confirmó ese intento de extorsión económica tras el hackeo municipal.

Ransomware.mx incluyó el caso en su reporte de inteligencia del 26 de agosto y lo describió como un ayuntamiento mexicano bajo presión de extorsión después de una intrusión. La cobertura local sitúa el episodio dentro de una secuencia más amplia de incidentes en San Luis Potosí, donde distintos entes públicos aparecieron expuestos en un período corto.

¿Qué alcance tendría la filtración?

Medios locales detallan que entre la información comprometida habría alrededor de 15 mil declaraciones patrimoniales de funcionarios municipales, de acuerdo con un análisis de la filtración atribuido al mismo actor que vulneró otras dependencias potosinas. San Luis Hoy advirtió que el robo de 2.9 GB puede poner en riesgo datos personales, documentos privados, documentos de fe pública, litigios y juicios sucesorios, además de información de trabajadores municipales.

Ese mismo análisis aclara que el alcance exacto del hackeo todavía no se conoce. Aun así, la combinación de archivos expuestos y el tipo de documentos mencionados eleva la sensibilidad del caso para la administración local y para terceros que puedan aparecer en esos registros.

¿Cómo respondió el municipio?

El Ayuntamiento activó protocolos internos de seguridad informática y reforzó controles de acceso, de acuerdo con Código San Luis, en paralelo a la denuncia formal. Hasta ahora no se detallaron medidas técnicas específicas ni se informó la participación de un proveedor puntual en la respuesta.

Galindo Ceballos sostuvo además que el municipio no negoció con los responsables y que optó por llevar el caso al fuero federal. Esa línea coincide con la lectura de Ransomware.mx, que ubicó el episodio como un caso de extorsión tras un hackeo contra un gobierno local mexicano.

¿Qué otras instituciones aparecen en la misma ola de incidentes?

La cobertura regional vinculó el ataque al Ayuntamiento con una cadena de posibles vulneraciones en San Luis Potosí que también mencionó a la UASLP, el Poder Judicial del Estado y el Cobach, todos señalados por filtraciones o accesos no autorizados en menos de dos semanas. Pulso SLP sostuvo, además, que el presunto hacker afirma haber obtenido bases de datos de otras instituciones locales y que intentó negociar o presionar a varias entidades públicas.

En ese mismo ecosistema, Ground News resumió que autoridades municipales analizan la hipótesis de que los responsables hayan usado herramientas de inteligencia artificial para vulnerar sistemas y extraer información en bloque. Por separado, War Room SLP informó que el Poder Judicial de San Luis Potosí analiza cambiar de proveedor de informática y abrir una investigación interna tras publicaciones de documentos en internet y la sospecha de hackeo.