Perú amplía el pedido de facultades sobre seguridad

Actualización 11 de septiembre de 2026: la Cámara de Diputados hizo una sesión específica sobre el pedido y la PCM detalló usos concretos en materia digital, mientras la Comisión de Justicia declaró no viable la delegación en sus competencias. Además, la CMCR resolvió acelerar la evaluación regulatoria y el expediente ya suma hitos ligados a datos personales e inteligencia artificial.

La Presidencia del Consejo de Ministros de Perú presentó al Congreso un proyecto de ley de delegación de facultades legislativas por 120 días calendario, con 66 solicitudes repartidas en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, modernización del Estado, reactivación económica y medidas vinculadas a crimen organizado. El trámite avanzó a la Comisión de Constitución, que ya llamó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, para que explique el alcance del pedido.

La Cámara de Diputados realizó una sesión específica sobre el pedido de delegación de facultades y la PCM detalló que las facultades se usarían para reforzar la seguridad digital, reorganizar la DINI, reducir brechas de conectividad rural, ampliar la interoperabilidad con el sector privado y crear entornos seguros de prueba para soluciones basadas en IA.

¿Qué incluye el pedido de facultades?

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo abarca ocho temas y suma 66 materias, según las coberturas y el propio diario oficial El Peruano. Entre los ejes figuran seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, MYPE, empleo, desarrollo productivo, materia tributaria, simplificación administrativa y modernización del Estado.

El diario oficial describió la iniciativa como una solicitud de carácter urgente para que el Congreso habilite al Ejecutivo a legislar durante 120 días calendario. PQS también informó que entre los lineamientos aparece la transformación y seguridad digital en los sectores público y privado, junto con la digitalización de actividades y servicios del Estado. Infobae Perú precisó además que el paquete se ordena principalmente en tres ejes, seguridad ciudadana, reactivación económica y atención de emergencias derivadas del fenómeno El Niño.

Coberturas sectoriales más recientes sumaron que dentro del paquete también hay reformas en ciberseguridad, gobernanza digital, finanzas abiertas e inclusión financiera, dentro del eje de modernización y transformación digital del Estado.

¿Qué pasa con las medidas de seguridad?

Dentro del eje de seguridad, una de las facultades solicitadas apunta a modificar la normativa de telecomunicaciones para rastrear, geolocalizar y bloquear celulares usados de forma ilícita. Ese punto abre un frente regulatorio con posibles efectos sobre interceptación de comunicaciones y gestión de datos de geolocalización, de acuerdo con la cobertura de El Estado del Perú.

La Comisión de Defensa Nacional del Congreso emitió un informe que declara viable la delegación en materias bajo su competencia, siempre que se respete el plazo de 120 días y las materias específicas autorizadas. Ese dictamen incluye migración y nacionalidad, rastreo y bloqueo de equipos de comunicación en penales, armas y explosivos, participación excepcional de las Fuerzas Armadas en establecimientos penitenciarios, lucha contra la criminalidad organizada y clasificación de organizaciones criminales como terroristas.

¿Por qué hay críticas al alcance del pedido?

La presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, cuestionó que el pedido comprende 66 solicitudes en ocho materias y advirtió que en el documento no hay un sustento claro para varias de ellas. Su observación se suma a las dudas sobre el nivel de detalle disponible en el texto remitido por el Ejecutivo.

La Comisión de Constitución se declaró en sesión permanente para evaluar la iniciativa, que sigue en fase procedimental. Además, citó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, para que sustente la propuesta y explique por qué se busca legislar sobre 66 puntos en áreas clave como seguridad ciudadana y economía.

La convocatoria quedó fijada para la sesión del 9 de septiembre, en la que el premier deberá explicar el alcance del proyecto y sus 66 materias. El pedido, además, está formalizado como Proyecto de Ley N.° 00098-2026-2031-CD.

¿Qué dijo el Gobierno sobre la urgencia?

El Gobierno enmarca la solicitud en una respuesta rápida frente a la inseguridad ciudadana. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, sostuvo que aprobar las facultades responde a una necesidad ciudadana y, en otra entrevista, remarcó que los futuros decretos legislativos no buscarían solo elevar penas.

Álvarez afirmó que el objetivo es reforzar la capacidad de la Policía y la inteligencia policial, además del trabajo de inteligencia de las Fuerzas Armadas, para capturar bandas criminales. En declaraciones a Expreso, también vinculó la urgencia del pedido con una reforma del sistema penitenciario y del INPE, que incluiría la construcción de por lo menos un mega penal y la separación efectiva de internos de mayor peligrosidad.

¿Cómo sigue el trámite en el Congreso?

La Comisión de Constitución decidió trabajar en sesión permanente y recibió pedidos de diálogo con las bancadas para consensuar el texto. Según RPP Noticias, el proyecto fue derivado a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para continuar su trámite, mientras el Ejecutivo busca destrabar apoyos políticos.

Perú Informa agregó que la PCM abrió una ronda de acercamientos con distintas bancadas. Gestión, por su parte, informó que el Gobierno tuvo que subsanar una observación formal y remitir el acta corregida al Congreso, lo que mantiene abierto el proceso antes de una eventual habilitación para legislar.

En paralelo, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera acordó citar al ministro de Economía y al jefe de la Sunat para explicar los alcances económicos del paquete, en especial los tramos vinculados con régimen tributario, finanzas y los componentes de finanzas abiertas e inclusión financiera.

El expediente ya es analizado por al menos ocho comisiones del Congreso, según El Peruano, lo que complejiza el trámite de las 66 facultades solicitadas.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó por mayoría un informe que declara no viable la delegación en las materias bajo su competencia, un antecedente que puede recortar o condicionar el paquete en los capítulos vinculados con justicia y derechos fundamentales.

La Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, liderada por la PCM, acordó que la evaluación de las normas dictadas bajo facultades delegadas se compute en días calendario y no hábiles. El objetivo es acelerar la emisión regulatoria en materias como transformación digital, seguridad y ciberseguridad, manteniendo un control previo de calidad.

¿Qué otro frente legislativo aparece en paralelo?

En paralelo al pedido de facultades, el diputado Leo De Paz Lancho presentó una iniciativa de ley para fortalecer la prevención, atención, corrección y reparación del daño frente al acoso escolar, bullying y ciberbullying cometido por niños y adolescentes en los colegios del país. La propuesta suma medidas concretas que van más allá del reconocimiento del problema.

El texto prevé la implementación progresiva y obligatoria de psicólogos escolares en todos los colegios en un plazo máximo de 24 meses, con protocolos diferenciados según tres niveles de gravedad. En los casos más graves, incluye comunicación inmediata a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público. También establece mecanismos de justicia restaurativa escolar, un Programa de Corresponsabilidad Parental obligatorio para padres de estudiantes reincidentes y el registro y monitoreo trimestral de cada caso a cargo del CONEI, con falta administrativa grave para los directores que omitan ese seguimiento.

¿Qué impacto puede tener en datos personales e IA?

El debate sobre facultades se cruza con normas ya vigentes sobre protección de datos e inteligencia artificial. El nuevo Reglamento de la Ley 29733, aprobado por el Decreto Supremo 016-2024-JUS, convirtió en obligaciones reglamentarias varios elementos que antes eran recomendaciones y sumó exigencias en gestión de incidentes, controles técnicos, auditoría y documentación de medidas de seguridad.

Según el análisis de cumplimiento citado por Mi Firma Digital, el cronograma por tamaño de empresa fija vencimientos escalonados: las entidades con ventas anuales mayores a 2 300 UIT deben cumplir desde el 30 de noviembre de 2025, las medianas desde el 30 de noviembre de 2026, las pequeñas desde el 30 de noviembre de 2027 y las microempresas desde el 30 de noviembre de 2028.

A su vez, El Peruano explicó que la Ley 31814 y su reglamento establecen obligaciones específicas para empresas y organizaciones privadas que desarrollen e implementen sistemas de inteligencia artificial en sectores como salud, educación, justicia, seguridad, economía y finanzas. El primer plazo de adecuación vence el 10 de septiembre de 2026.

Expertos en regulación tecnológica citados en el material también señalaron que el reglamento de IA, aprobado por el Decreto Supremo 115-2025-PCM y vigente desde el 22 de enero de 2026, obliga a identificar, clasificar y registrar sistemas según nivel de riesgo, evaluar impacto en los de alto riesgo y establecer medidas de gobierno y transparencia algorítmica.

El presidente del Congreso, además, reafirmó el compromiso legislativo para impulsar normas sobre transformación digital y ciberseguridad en el contexto de una posible alianza con Meta, orientada a inteligencia artificial y seguridad digital. En esa agenda de cooperación se incluyeron capacitación tecnológica, uso responsable de la IA y herramientas de accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad.

La discusión también llega con el Congreso ya alineado en una agenda de seguridad digital más amplia, mientras el Ejecutivo busca que las facultades habiliten cambios rápidos en ciberseguridad, gobernanza digital y modernización del Estado.