Perú: identidad biométrica y líneas móviles

Actualización 25 de agosto de 2026: el debate sobre identidad y control de servicios digitales en Perú sumó nuevos plazos de reglamentación, límites a la contratación de líneas móviles y una pena específica para el préstamo de cuentas bancarias o billeteras digitales con fines delictivos.

El debate peruano sobre identidad, verificación biométrica y control de servicios digitales sumó nuevos plazos de reglamentación, límites a las líneas móviles y sanciones más duras para quienes presten cuentas bancarias o billeteras digitales para delitos. En paralelo, el Congreso, OSIPTEL y distintas coberturas periodísticas precisaron cómo se articula esta agenda con normas ya vigentes sobre identidad y antifraude.

¿Qué se conoce del proyecto?

El proyecto denominado "Ley que protege la identidad y establece lineamientos de ciberseguridad financiera en el Perú" aparece identificado como una iniciativa legislativa en un análisis regional sobre regulación de inteligencia artificial y ciberseguridad. Esa descripción señala que la propuesta busca proteger la identidad mediante el uso de huellas dactilares y establecer lineamientos de ciberseguridad en el sistema financiero.

La misma descripción agrega que el objetivo sería brindar protección legal a los usuarios digitales. Con esa formulación, el foco de la iniciativa se ubica en dos frentes concretos, la validación de identidad y la seguridad de las operaciones financieras.

¿Qué cambió en la discusión legislativa?

La discusión se amplió con iniciativas que fijan plazos concretos para implementar sistemas de verificación y con proyectos que endurecen el control sobre cuentas bancarias, billeteras digitales y líneas móviles. Según el Congreso de la República del Perú, el Poder Ejecutivo tiene 120 días para aprobar la reglamentación correspondiente y el Ministerio del Interior junto con la Policía Nacional deben implementar los sistemas dentro del mismo período.

En el caso de otra propuesta relacionada con identidad y verificación biométrica en el sistema financiero, La Razón informó que la SBS tendría 90 días calendario para emitir el reglamento técnico y los protocolos de interoperabilidad con RENIEC y la PNP. Esa misma iniciativa incorpora una pena privativa de libertad de 10 a 15 años para quien preste, arriende, ceda o permita el uso de su cuenta bancaria o billetera digital a otra persona, sabiendo que será utilizada para delinquir.

¿Qué pasa con las líneas móviles?

El proyecto de ley 14522, según Gestión, propone un máximo de diez líneas móviles por operador y veinte a nivel nacional por persona natural, y además crea un sistema nacional integral de identificación, verificación y trazabilidad del acceso a servicios de telecomunicaciones y plataformas digitales. La misma cobertura agrega que la propuesta también prevé un Registro Nacional de Líneas Activas por Usuario administrado por OSIPTEL.

Ese registro busca un control más efectivo y evitar la suplantación de identidad o el uso fraudulento de numeración telefónica. En la misma línea, OSIPTEL ya aprobó medidas complementarias que permiten a cualquier usuario pedir un bloqueo total para impedir nuevas líneas móviles a su nombre, con levantamiento presencial y protocolos reforzados.

¿Qué medidas ya están vigentes?

OSIPTEL también exige validación biométrica para personas naturales que tengan más de diez líneas móviles registradas y limita temporalmente la contratación de servicios móviles a un máximo de un servicio por mes y por empresa operadora. Una resolución previa, la 000116-2025-CD/OSIPTEL, ya había introducido la obligación de validar la identidad mediante verificación biométrica en puntos de atención autorizados para quienes superen ese umbral de líneas.

El diario oficial El Peruano indicó que la normativa vigente fija un tope de siete líneas móviles por persona natural y que OSIPTEL viene ordenando la baja de líneas adicionales cuando se excede ese límite. El mismo reporte sostuvo que la restricción busca proteger la seguridad, la identidad y la protección de datos personales.

¿La nueva propuesta crea delitos nuevos?

No necesariamente. Un análisis jurídico difundido por Canal N precisó que el proyecto impulsado por la congresista María del Carmen Alva no crea desde cero el delito de prestar cuentas, sino que agrava penas y refuerza la persecución de conductas ya tipificadas de favorecimiento del delito.

Esa lectura matiza una de las versiones más extendidas sobre la iniciativa y la ubica dentro de un paquete normativo más amplio que combina verificación biométrica, trazabilidad de usuarios y castigos más duros para conductas asociadas al fraude y la extorsión.

¿Qué antecedentes regulatorios hay cerca de esta agenda?

El contexto inmediato ya mostraba cambios en la forma de contratar y controlar servicios financieros y móviles. En el sistema de pagos, el Banco Central permitió usar el número de DNI como alias para transferencias inmediatas, mientras que en telecomunicaciones OSIPTEL y el Ejecutivo avanzaron con reglas para frenar la suplantación de identidad y la contratación masiva de líneas.

Un decreto supremo que reglamenta la Ley de la PNP, citado por JurisPol, además reiteró que el financiamiento de nuevas obligaciones tecnológicas de seguridad y verificación se hará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Ese criterio aparece ahora reflejado en el diseño de las nuevas medidas sobre identidad biométrica y control de accesos.

¿Qué no aparece todavía en el dominio público?

Las fuentes adicionales disponibles sobre el ecosistema regulatorio financiero peruano reciente apuntan a normas ya vigentes o en implementación, como circulares del Banco Central que permiten usar el número de DNI como alias para pagos inmediatos y resoluciones de la SBS sobre reporte de incidentes de ciberseguridad. Sin embargo, ninguna de esas referencias menciona de forma explícita el título, el articulado o el cronograma de esta ley.

Eso sugiere que, al menos en el dominio público accesible, el proyecto todavía no tuvo cobertura específica en medios generalistas, comunicados oficiales del Congreso peruano ni análisis técnicos detallados por firmas de seguridad. Por ahora, el material disponible permite mapear el nombre de la iniciativa y su propósito general, pero no confirmar en qué estado legislativo está ni cuándo podría avanzar.

¿Cuál es el contexto regulatorio cercano?

El panorama regulatorio cercano sí muestra cambios en los mecanismos de pago y en las obligaciones de reporte de incidentes. En ese marco, el proyecto sobre identidad y ciberseguridad financiera aparece como una pieza más dentro de una agenda normativa que mezcla identificación digital, prevención de riesgos y resguardo de usuarios en el sistema financiero peruano.