Banco Central de Brasil endurece reglas para PSAV

Actualización 18 de septiembre de 2026: el Banco Central do Brasil precisó el plazo para que los PSAV que ya operaban en el país pidan autorización y confirmó que, desde el 30 de octubre de 2026, las entidades reguladas no podrán brindarles cuentas, pagos, cambio, negociación, intermediação ni custodia si no están autorizadas o con pedido protocolado. También avanzó con la Resolución BCB nº 580/2026, que los incorpora al arcabouço prudencial desde enero de 2027.

El Banco Central do Brasil fijó para el 30 de octubre de 2026 el corte regulatorio que afecta a los prestadores de servicios de activos virtuales, o PSAV. Desde esa fecha, las instituciones reguladas por el BC no podrán prestarles servicios de cuentas, pagos, cambio, negociación ni custodia si las empresas no fueron autorizadas o no tienen un pedido de autorización ya protocolado.

¿Qué exige el nuevo régimen para los PSAV?

El régimen de autorización definido por las resoluciones BCB nº 519, 520 y 521 obliga a las empresas alcanzadas por las reglas de transición a presentar su solicitud ante el Banco Central do Brasil hasta el 30 de octubre de 2026. La Resolução BCB nº 520/2025 fijó un plazo de 270 días, contado desde el 2 de febrero de 2026, para que las PSAV que ya operaban en Brasil protocolem el pedido.

Quienes no lo hagan no podrán seguir operando con apoyo del sistema financiero regulado. El artículo 91 de la Resolução BCB nº 520/2025 también establece que, desde esa fecha, bancos, instituciones de pago y demás supervisadas quedan impedidas de ofrecerles apertura y mantenimiento de cuentas, pagos, cambio, negociación, intermediação y custodia a prestadoras no autorizadas o sin solicitud protocolada.

Ese esquema viene acompañado por un salto en las exigencias de entrada. De acuerdo con BTCC, las nuevas reglas de capital para prestadores de servicios de activos virtuales fijan requisitos de entre R$ 10,8 millones y R$ 37,2 millones, según la actividad y el perfil de riesgo. NDM Advogados precisa que el capital social mínimo arranca en aproximadamente R$ 9,2 millones para quienes solo intermedian activos virtuales y puede superar R$ 13 millones si también ofrecen custodia.

¿Cuántas empresas quedarían en carrera?

FinanceFeeds estima que el nuevo marco puede depurar con fuerza el mercado brasileño de criptoactivos. Según ese análisis, de unas 300 empresas activas en Brasil, solo entre 20 y 25 cumplirían hoy las condiciones mínimas para pedir autorización, y la expectativa es que apenas alrededor de 10 consigan una licencia plena tras la evaluación del regulador.

BTCC agrega que las instituciones de servicios de activos virtuales que no presenten su solicitud hasta el 30 de octubre de 2026 deberán cesar sus operaciones en un plazo adicional de 30 días y notificar formalmente a sus clientes sobre el cierre y los procedimientos de liquidación. El reporte dibuja así una salida ordenada para los operadores que queden afuera del nuevo esquema.

¿Qué cambió en la supervisión prudencial?

La Resolução BCB nº 580/2026 incorpora a las sociedades prestadoras de servicios de activos virtuales al arcabouço prudencial del Sistema Financeiro Nacional. Según Portal do Bitcoin, desde enero de 2027 comenzarán a regir exigencias de capital, gestión de riesgos y divulgación de información, con una transición gradual que se extenderá hasta junio de 2028.

Ese paso las acerca a un régimen de supervisión más parecido al que ya enfrentan otros actores financieros. Para bancos y fintechs que operan con cripto o prestan servicios asociados, el cambio obliga a revisar capital, controles internos y exposición operacional antes de que arranque la fase de implementación.

¿Qué cambió en Pix y en los controles antifraude?

El Banco Central también endureció reglas operativas vinculadas al Pix. Según MixVale, las transferencias hechas desde celulares y computadores inéditos quedaron limitadas a 200 reales por operación y requieren validaciones adicionales, como biometría facial, confirmaciones electrónicas o verificación documental.

La misma fuente indica que las instituciones financieras brasileñas deberán consultar al menos dos veces por año la base central de datos de fraudes del Banco Central y mantener mecanismos preventivos activos para detectar comportamientos atípicos en las cuentas. Además, deberán sostener programas permanentes de orientación a clientes.

¿Cómo entra la ciberseguridad en este cuadro regulatorio?

La discusión regulatoria también alcanzó a la seguridad digital con la minuta de una futura Lei Geral de Cibersegurança presentada en abril de 2026 por el Comitê Nacional de Cibersegurança, según TI Inside. El texto prevé crear un Sistema Nacional de Cibersegurança y una Autoridade Nacional encargada de fiscalizar la seguridad digital, con impacto sobre infraestructuras públicas y privadas, incluido el sector financiero.

TI Inside señala que el sector financiero será tratado como infraestructura crítica y que la propuesta trabaja con un plazo general de 180 días para que las empresas se adecuen tras su aprobación. Para bancos, fintechs y proveedores de pagos internacionales, eso implicaría revisar controles, certificaciones y contratos con terceros para ajustarse a un nuevo estándar de protección.

¿Qué pasa con los cierres por irregularidades graves?

Serasa informó que las resoluciones de diciembre de 2025 ya obligan a bancos e instituições de pagamento a cerrar cuentas cuando detecten irregularidades graves. Esas entidades deben documentar internamente los indicios de fraude o uso indebido, conservar la evidencia y reportar al Banco Central y a otros órganos competentes cuando corresponda.

Ese cierre compulsorio se integra en una política más amplia de prevención y combate a fraudes. En la práctica, el bloque regulatorio de Brasil combina autorización previa para PSAV, presión de capital, límites operativos en Pix y mayores deberes de monitoreo y reporte para el sistema financiero.