Argentina exige TIA SCS 9001 en redes críticas

La Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad ya está vigente y fijó nuevos requisitos para la compra de equipos destinados a redes críticas del Estado argentino, incluidas las de empresas estatales. Para los sistemas más sensibles, la norma incorporó como requisito técnico la certificación TIA SCS 9001 del sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministro del fabricante.

¿Cuándo empiezan a aplicarse las compras alcanzadas?

La disposición entró en vigor el 7 de noviembre de 2026, pero las compras y contrataciones alcanzadas comenzarán a aplicarse después de un plazo de 90 días. Durante ese período, el Centro Nacional de Ciberseguridad debe clasificar las categorías de equipamiento por criticidad, según informó Clarín.

Ese cronograma deja un margen de transición antes de que la exigencia se convierta en un criterio operativo para los procesos de adquisición. El punto más sensible es la definición de qué equipos quedarán en cada nivel de criticidad, porque de eso depende el alcance concreto de la certificación pedida al fabricante.

¿Qué impacto generó en el sector telecom?

La disposición generó rechazo entre actores de la industria argentina de telecomunicaciones, que cuestionaron la falta de consulta previa, el impacto económico sobre operadores pequeños y la dependencia de una certificación estadounidense. TeleSemana indicó además que el sector observó con preocupación los efectos que la medida podría tener sobre las compras públicas y la dinámica regulatoria.

Fecosur y la asociación ATVC pidieron que ENACOM no incorpore los requisitos a la homologación de equipos sin una consulta pública. También advirtieron sobre posibles efectos en la conectividad del interior argentino, de acuerdo con la información resumida por Trustlist a partir de DPL News.

¿Cómo queda el sector privado frente a la norma?

BNamericas precisó que, para el sector privado, los requisitos no serían exigibles directamente por la disposición. Podrían operar a través de pliegos y contratos estatales, o si ENACOM decide incorporarlos a la homologación de equipos y a las obligaciones de los licenciatarios.

La misma fuente señaló que el equipamiento ya instalado solo quedaría sujeto a medidas de adecuación con plazos razonables. Su reemplazo procedería únicamente mediante una disposición fundada, lo que acota el efecto inmediato sobre infraestructura existente.

En paralelo, Letra P describió la medida como una barrera que impediría la participación de Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI en compras estatales de software y hardware. Ese alcance, sin embargo, no pudo verificarse en el texto oficial disponible en el material de research, por lo que esa interpretación sigue siendo atribuida a esa publicación.